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Santo Domingo.-Sectores políticos y sociales del país manifestaron que en la sociedad dominicana hay un consenso de que es el momento de dotar al sistema político de un nuevo orden legal que realce la institucionalidad del país y sancione las malas prácticas en las campañas políticas.
En un conversatorio sobre “Reforma al Sistema Electoral”, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, consideró que estos nuevos marcos legales, para cumplir su objetivo, deben ayudar a incrementar la transparencia, el imperio de la ley y el fortalecimiento de las instituciones políticas en el país.
“En cada campaña electoral, o ante cada caso de corrupción que se conoce, se reaviva la preocupación por la falta de transparencia y la ineficiencia de los controles sobre el origen y destino de los fondos que manejan los partidos políticos y los candidatos para solventar la actividad política”, indicó.
Castaños señaló que esto implica la urgencia de la reforma de la Ley Electoral y la promulgación de una Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas para dar mayor sentido y coherencia a la adecuación de los reclamos sociales en esta materia.
El presidente de la comisión bicameral que estudia los proyectos, senador Arístides Victoria Yeb, y el secretario de la comisión, diputado Víctor D’Aza, aseguraron que los trabajos en los proyectos marchan a un buen ritmo y con consensos importantes, por lo que el país ya podrá contar con un nuevo marco legal político y electoral.
El conversatorio fue organizado por la Asociación Dominicana de Cronistas Políticos (ACP), en coordinación con el departamento de derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), el Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP) y la Fundación Equidad.
“En el país se ha estado congelando por casi 20 años un proyecto para ordenar el caos que ha imperado en esas herramientas que tiene la democracia que son los partidos políticos, es tiempo ya de cerrar ese ciclo y dar el banderazo para iniciar una nueva era en la política nacional”, opinó el presidente de la ACP, Abel Guzmán Then.
El presidente del CAPP, diputado Víctor Bisonó, señaló que hay un deterioro
innegable que pone en peligro el sistema político, comenzando por el costo de las campañas, que se ha elevado de una manera desproporcionada hasta reducir al mínimo, las posibilidades de sectores ciudadanos alternativos al mismo tiempo que aumenta la esfera de influencia del crimen organizado.
Bisonó sostuvo que la falta de reglas claras y sanciones para su violación también ha hecho que en muchos casos, toca competir con las instituciones públicas más que con candidatos en igualdad de oportunidades, esto aplicando tanto al Poder Ejecutivo central como al Municipal.
“En adición, al no haber reglamentos para la vida interna de los partidos políticos, vemos que la renovación es prácticamente nula. Todo esto contribuyendo a mayor apatía ciudadana, más descredito y un sentimiento latente de que la política, lejos de ser la ciencia más noble, como la definiera Duarte, termina siendo un juego de élites para quienes están bien conectados”, enfatizó.
El jurista José Alejandro Ayuso, presidente de la Fundación Equidad, planteó que el régimen legal de los partidos políticos como receptores de fondos públicos y privados tiene que hacer acopio del artículo 146 de la Constitución, norma que proscribe y condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado.
“Tanto la modificación a la ley electoral 275-97 como la ley de partidos políticos como normativa del derecho electoral debe estar, como éste, impregnado, orientado y optimizado por todo el corpus constitucional, sobre todo por el respeto a los valores supremos, a los derechos fundamentales de la persona y a la dignidad humana, pilares del Estado Democrático y de
Derecho que construimos día a día”, expresó.