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“En el Estado social y democrático de derecho, no existen poderes ilimitados, la autoridad está limitada por la ley”.
La magistrada Ana Isabel Bonilla Hernández del Tribunal Constitucional (TC) dijo que en un Estado social y democrático de derecho, no existen poderes ilimitados, la autoridad está limitada por la ley y sometida al principio de la interdicción de la arbitrariedad.
En ese sentido, la magistrada Isabel Bonilla Hernández citó el artículo seis de la Constitución dominicana que dice que todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución.
En su conferencia titulada “Mecanismo de Control y Fiscalización en un Estado Social y Democrático de Derecho”, argumentó que el Estado es Social, porque se compromete a la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y a garantizar la satisfacción de las necesidades socioeconómicas, a aquellas personas que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad tales como: salud, educación, vivienda, y seguridad social.
Resaltó que la naturaleza del Estado es democrático, porque las decisiones se adoptan y se fundamentan en la participación de los gobernados, a través de mecanismos que garanticen el respeto a la voluntad de la mayoría, sin exclusión de las minorías. “Es decir, las decisiones son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que les confieren legitimidad a los representantes”.
Consideró que el Estado es de derecho, porque está regido por un sistema de leyes e instituciones ordenado en torno de una Constitución, como fundamento jurídico que regula la vida en sociedad, y a la cual esta sometidos gobernantes y gobernados.
“En igual sentido, la Constitución ha establecido de manera expresa, mecanismos de control y fiscalización para los poderes públicos y órganos constitucionales, y el control jurisdiccional para evitar la discrecionalidad absoluta de la autoridad en el ejercicio de sus competencias” Añadió la magistrada Bonilla Hernández.
En la parte final de su ponencia la magistrada Bonilla Hernández, explicó que ese control es ejercido por todos los tribunales de la República, a través del control difuso de constitucionalidad y de las decisiones relativas al Habeas Corpus, Habeas Data, a la acción de amparo y del recurso administrativo; corresponde al Tribunal Constitucional, ejercer el control concentrado de constitucionalidad, al cual nos referiremos más adelante.
La magistrada Isabel Bonilla habló a profesionales de maestría y estudiantes de Derecho reunidos en el Paraninfo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En el acto también participaron, el doctor Freddy Ángel Castro, vice-decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y el profesor en ciencias políticas, Cristino Estrella.