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Alen Alexis Villalona, acusado de agredir a la señora Santa Arias luego de un accidente de tránsito en Baní, provincia Peravia, no podrá usar armas de fuego, tras la disposición del Ministerio de Interior y Policía de “cancelarle la licencia de por vida”.
La decisión fue adoptada mediante la resolución número MIP-CLAF-0001-2022, la cual establece, además, la inhabilitación e incautación de la pistola usada durante el incidente, de marca Bersa, calibre 9mm, serie 555241, indicó el titular de la entidad, Jesús Vásquez (Chu) Vásquez Martínez, en una nota de prensa.
A Villalona se le iba a conocer medida de coerción este lunes, pero fue aplazada para el próximo jueves.
«La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta provincia aplazó para el próximo jueves el conocimiento de la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público contra Alexis Villalona, quien enfrenta cargos de agresión contra una mujer a la que golpeó en la vía pública», informó la Procuraduría General de la República.
Las razones
El funcionario explicó que la medida está ampara en la Constitución y leyes como el Código Penal, en cuya violación afirmó, incurrió Villalona, al cometer faltas que esta norma sanciona, lo mismo que la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Indicó que su sometimiento a la justicia lo hace inelegible para optar por cualquier autorización de este tipo, lo mismo que a las personas condenadas por infracciones que conlleven penas de más de un año de prisión o aquellas sobre las que que pese una orden de arresto pendiente de ejecución o hayan sido declaradas rebeldes de la justicia.
Recordó que ese ministerio puede disponer la revocación del permiso, en caso de no respetarse los términos del otorgamiento o por resultar su revocación necesaria por razones de algún interés público preponderante, motivo por el que procedió a cancelar el de Villalona.
Vásquez Martínez manifestó que la decisión está avalada por la facultad del MIP de desarrollar las políticas públicas relacionadas con la seguridad ciudadana “en estricto respeto a los derechos humanos, el diálogo, la concertación y la participación e inclusión”.
Sostuvo que para lograr este objetivo le fue conferida al organismo la responsabilidad de administrar el sistema nacional de armas de fuego, municiones y artículos relacionados, en manos de la población civil para evitar el uso indebido, desvío y tráfico.