El presidente aseguró que el proceso será exprés y deberá concluir a mediados de septiembre.
Caribbean Digital
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció este jueves que ordenará la excarcelación de los presos mayores de 65 años con enfermedades crónicas y degenerativas, mayores de 75 que no hayan cometido delitos graves, personas que hayan sufrido tortura y las que lleven más de 10 años detenidas sin condena firme.
«La secretaría de Gobernación tiene un nuevo rol, ya no es la Secretaría de la represión y el autoritarismo. Es para la protección de los derechos humanos y la justicia», dijo en conferencia de prensa al dar a conocer la nueva medida que de inmediato desató una nueva controversia, ya que implica liberaciones y detenciones domiciliarias.
López Obrador precisó que uno de los requisitos para ser favorecidos por esta estrategia inédita es que ninguno de los acusados deberá haber cometido delitos graves o de sangre.
En el caso de los adultos mayores con enfermedades, agregó, la Secretaría de Salud será la encargada de hacer los diagnósticos correspondientes.
«El plazo de liberación no va a ser mayor al 15 de septiembre», precisó, ya que se seguirán procedimientos judiciales simplificados.
Con respecto a las liberaciones de presos que hayan sido torturados durante sus detenciones, el presidente advirtió que el delito deberá ser comprobado a través del Protocolo de Estambul, un procedimiento internacional que verifica de manera eficaz la comisión de torturas.
También cuestionó las violaciones a los derechos humanos que implican que una persona esté detenida más de 10 años sin sentencia, a pesar de que la ley establece un plazo máximo de dos.
Las cifras
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reveló durante la conferencia que la población total carcelaria en México asciende a 220.114 personas, de las cuales el 43 % no tiene una condena firme.
Esto significa que 94.547 personas siguen encerradas en su inmensa mayoría de manera ilegal, ya que superan el periodo de dos años sin sentencia, lo que ha derivado en hacinamiento en las prisiones.
De todos los detenidos, el 87 % está acusado o condenado por haber cometido delitos del fuero común, es decir, que afectan a personas en lo individual, ya sea robo, lesiones, daño en propiedad ajena, fraude, delitos sexuales, fraude, homicidio, abuso de autoridad, entre otros.
En cambio, el 13 % de los presos restantes cometió delitos del fuero federal que afectan la salud, la economía, el patrimonio y la seguridad de la Nación, como portación de armas de fuego sin licencia, narcotráfico y otros delitos contra la salud, daño y robo al patrimonio arqueológico, delitos electorales y ambientales, contrabando y defraudación fiscal.
En el caso de los adultos mayores con enfermedades, agregó, la Secretaría de Salud será la encargada de hacer los diagnósticos correspondientes.
«El plazo de liberación no va a ser mayor al 15 de septiembre», precisó, ya que se seguirán procedimientos judiciales simplificados.
Con respecto a las liberaciones de presos que hayan sido torturados durante sus detenciones, el presidente advirtió que el delito deberá ser comprobado a través del Protocolo de Estambul, un procedimiento internacional que verifica de manera eficaz la comisión de torturas.
También cuestionó las violaciones a los derechos humanos que implican que una persona esté detenida más de 10 años sin sentencia, a pesar de que la ley establece un plazo máximo de dos.
Las cifras
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reveló durante la conferencia que la población total carcelaria en México asciende a 220.114 personas, de las cuales el 43 % no tiene una condena firme.
Esto significa que 94.547 personas siguen encerradas en su inmensa mayoría de manera ilegal, ya que superan el periodo de dos años sin sentencia, lo que ha derivado en hacinamiento en las prisiones.
De todos los detenidos, el 87 % está acusado o condenado por haber cometido delitos del fuero común, es decir, que afectan a personas en lo individual, ya sea robo, lesiones, daño en propiedad ajena, fraude, delitos sexuales, fraude, homicidio, abuso de autoridad, entre otros.
En cambio, el 13 % de los presos restantes cometió delitos del fuero federal que afectan la salud, la economía, el patrimonio y la seguridad de la Nación, como portación de armas de fuego sin licencia, narcotráfico y otros delitos contra la salud, daño y robo al patrimonio arqueológico, delitos electorales y ambientales, contrabando y defraudación fiscal.