POR J. LUIS ROJAS
Desde marzo del presente año, en el marco de la justa y necesaria reforma integral a la Ley 87-01, con la cual se crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, varias instituciones públicas y privadas realizan distintas iniciativas, en procura de establecer un régimen de seguridad social que sea solidario, justo, humano y garante del derecho que tienen los ciudadanos a recibir servicios de salud de calidad y pensiones dignas.
En los debates, discusiones y reflexiones que se desarrollan en diferentes lugares del país, buscando con ello darle un sentido social y solidario al actual Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), los grandes ausentes han sido los funcionarios de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) y los de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN). Todo apunta a que estas instituciones no han desarrollado o han perdido la capacidad auditiva y vocal al mismo tiempo. La apatía que caracteriza a los titulares de la DIDA y de la SIPEN, no agregan valor a los esfuerzos que al respecto viene haciendo el presidente Luis Abinader.
La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) y la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), son entidades del Estado dominicano, cuyas funciones principales consisten en promover, educar, informar, orientar, regular, controlar y supervisar, todo lo concerniente al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). Pese al rol estratégico de la DIDA y de la SIPEN, nunca antes como ahora, estas instituciones habían estado tan lejanas de los intereses y necesidades de los beneficiarios de la seguridad social.
A los directivos, ejecutivos y gerentes de la DIDA y de la SIPEN, les ha faltado creatividad y credibilidad para buscar y obtener los recursos financieros, humanos y tecnológicos que se requieren para diseñar, producir y difundir campañas comunicacionales institucionales, que faciliten orientar continua y efectivamente a los afiliados del SDSS, acerca de sus deberes y derechos con la seguridad social.
Por su naturaleza, la DIDA y la SIPEN deberían estar entre las instituciones del Estado dominicano con más y mejores mecanismos de cercanía a la gente. Además, sus CEO deberían ocuparse muchísimo más por la calidad y cantidad de las informaciones que requieren los afiliados del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Parecería que los directivos, ejecutivos y gerentes de la DIDA y de la SIPEN están sordos y mudos. Ellos no hablan en los debates públicos sobre la reforma integral a la Ley 87-01. Estas entidades carecen de mecanismos eficientes y confiables para gestionar las quejas y reclamaciones emitidas por los ciudadanos. ¿Por qué los CEO de la DIDA y de la SIPEN mantienen una actitud distante y apática con los servidores públicos que tienen derecho a recibir una pensión digna del Estado dominicano? ¿Qué es lo que motiva a los incumbentes de la DIDA y de la SIPEN a defender con tanta vehemencia los intereses de los dueños del negocio que opera alrededor de las Administradoras de Fondos de Pensiones y de Riesgos de Salud (AFP y ARS)? Las decisiones, actuaciones y opiniones de los que dirigen la DIDA y la SIPEN, con relación a la calidad, pertinencia y sostenibilidad de la seguridad social dominicana, son totalmente diferentes a las expectativas y a los puntos del vista que tiene el presidente Abinader al respecto.
A juzgar por la tímida y pasiva participación que han exhibido los CEO de la DIDA y de la SIPEN, en torno a los debates y reflexiones que, desde marzo del presente año, se realizan en diferentes ámbitos de República Dominicana, concernientes a la modificación integral a la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, podría afirmarse que los CEO de ambas entidades tienen miradas, actitudes y propósitos distintos a los que ha manifestado el presidente Luis Abinader Corona, en diferentes escenarios públicos.
Los hechos presentan a la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) y la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), como instituciones lejanas a los intereses, a las quejas y a las reclamaciones de los afiliados del Sistema Dominicano de Seguridad Social. En este sentido, lo lógico y racional sería que los CEO de la DIDA y de la SIPEN, fuesen actores activos del debate que actualmente se lleva a cabo en diferentes ámbitos del país, en la línea de proponer mejoras significativas al Sistema Dominicano de Seguridad Social, el cual opera desde el 2003.
Los directores de la DIDA y de la SIPEN tienen que hacerse sentir más y mejor en los escenarios donde se debaten las mejoras cualitativas y cuantitativas a la seguridad social dominicana. Por ejemplo: la Comisión Bicameral conformada en virtud de la Resolución de la Cámara de Diputados, que estudia la modificación integral a la Ley 87-01, el diálogo multisectorial para la realización del Pacto Social de la República Dominicana, que tiene como fin reformar el Código de Trabajo y la ley de seguridad social, así como las propuestas presentadas por la ADAFP y la Coalición por la Seguridad Social Digna.
Si los incumbentes actuales de la DIDA y de la SIPEN, desean ayudar al presidente Abinader a hacer un buen gobierno, tienen que acercarse y escuchar más a los miles de trabajadores públicos y privados insatisfechos con los servicios que reciben de las AFP y las ARS. Es imperdonable que en la coyuntura actual, la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social y la Superintendencia de Pensiones, se comporten como instituciones sordomudas.