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viernes, diciembre 6, 2019

La desigualdad social continúa afectando a los niños de la RD

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José Alfredo Espinal

Santiago.– (HOY)- La desigualdad social por falta de políticas públicas efectivas sigue presentándose como un factor clave que impide la lucha sistemática por la protección de la niñez y la adolescencia en la República Dominicana. Otros elementos que también están latentes en el país y hacen más vulnerable a este sector son la irresponsabilidad paternal y la carencia de un régimen de consecuencias que sancione a los transgresores de la ley.

Lo delicado de la situación es que la falta de atención a los menores de edad es un problema que está generalizado en todo el país, según Pablo Ureña, presidente de la Fundación Niños con una Esperanza, del sector Cienfuegos, en la zona oeste de esta ciudad.
Ureña afirma que en la República Dominicana hay muchos padres irresponsables con sus hijos, mientras que los barrios están abandonados por las autoridades, a pesar de que presentan un nivel de hacinamiento profundo.
De acuerdo a la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) en su Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar-2017), en el país alrededor de un 40.8% de los hogares tiene una mujer como jefa. El 38.6% de esas mujeres jefas de hogar están separadas de una unión libre.

Al sentirse acorralados por la ausencia del padre en el hogar y la indiferencia social, explica Ureña, los menores suelen dedicarse a brillar zapatos en las calles y limpiar vidrios de automóviles en los semáforos, mendigando algunos, mientras otros son explotados sexualmente en centros de diversión o son víctimas del narcotráfico al ser utilizados como mulas.

Ayudas. En la Fundación “Niños con una Esperanza”, el pastor y activista por el derecho de la niñez, ayuda desde hace 16 años a más de 250 niños con la alimentación, salud, educación y recreación, entre otros servicios que ofrecen de manera gratuita.
“El Estado dominicano no asume a las instituciones sin fines de lucro que trabajan a favor de la niñez, ya que no reciben el respaldo económico que necesitan para poder ampliar la matrícula y así contribuir a sacar más niños y adolescentes de las calles”, explicó.

Otra de las instituciones que más promueve acciones que garantizan los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia que están en riesgo social, fundamentalmente en esta ciudad, es Acción Callejera, una entidad educativa y sin fines de lucro que opera desde el 1989.

Más de 7,000 niños, niñas, adolescentes, familiares y actores claves de las comunidades se benefician de los programas educativos y se capacitan en el empoderamiento de sus necesidades, impactando en más de ocho comunidades marginadas de Santiago. Desarrolla los programas educación en calle, apoyo escolar, deporte y recreación, alimentación, salud e higiene, apoyo emocional, creatividad y destreza básicas, espacios educativos y comunitarios, entre otros.

Políticas públicas. En el Estado dominicano existen instituciones, programas y políticas públicas para enfrentar los males que afectan a la niñez y a la adolescencia en el país. Algunos buscan ofrecerle protección a los menores de edad, mientras que otros se enfocan en las formas de prevención de la violencia que afecta a este sector vulnerable de la sociedad.

Han jugado un rol preponderante, por ejemplo, la promulgación de la Ley 24-97 sobre violencia intrafamiliar, la Ley 136-03, que instituye el Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales, el Consejo Nacional para la Niñez (Conani), el programa Solidaridad y el decreto No. 144-97 que crea el Comité Directivo Nacional de la Lucha contra el Trabajo Infantil, que es el instrumento para diseñar las políticas para la erradicación del trabajo infantil.

Sin embargo, aunque se reconoce la intención del Estado dominicano para desarrollar políticas públicas para proteger y prevenir la violencia hacia los menores de edad, hay quienes consideran que estas deben ser más efectivas.

Problemáticas. La violencia se ha normalizado en el diario vivir, de manera tal que es la forma común de dirimir los conflictos y educar a los niños.
El Ministerio Público, como órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, indica que pese a los esfuerzos aún persiste la dinámica de golpear, insultar, humillar y utilizar castigos físicos en perjuicio de los niños. También la violencia intrafamiliar y de género, a nivel psicológica, física y económica.

Otra forma de violencia ejercida es la sexual, donde los niños, niñas y adolescentes son víctimas de incesto y otras formas de abusos sexuales que devienen en embarazos, matrimonios infantiles, explotación sexual, explotación laboral y la repetición del círculo de la pobreza. La pobreza extrema y la falta de oportunidades son debilidades que también llevan a los niños, niñas y adolescentes a delinquir, al uso de drogas, a la explotación sexual y robos, entre otros.

Las autoridades refieren los problemas a la pérdida de los valores frente a una sociedad consumista y con expectativas de la riqueza fácil y rápida, lo que incita al uso, el consumo y la venta de drogas. Tampoco ayuda la gran cantidad de niños que no son debidamente declarados, la insalubridad que le provocan diversas enfermedades que llegan a ser letales para ellos.

La falta de acceso a una educación o a las herramientas para completar sus estudios y la carencia de políticas efectivas de reinserción del adolescente infractor a la sociedad y el trabajo integral con su familia y entorno son elementos negativos que atentan contra los menores.

Trabajo infantil. Según los datos de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples Enhogar-MICS 2014, en República Dominicana el porcentaje de niños y niñas, entre 5 a 17 años de edad, que realiza trabajo infantil asciende al 12.8%.
El estudio indica que los niños son los que tienen una mayor incidencia en esta situación, con un 16.5%, respecto al 8.7% de las niñas que trabaja.
Las iniciativas
El Ministerio Público, Unicef y otras instituciones colocaron el año pasado materiales informativos en los aeropuertos para viajeros sobre el delito de explotación sexual y las penas que establece la legislación nacional para quienes lo cometan.
Asimismo, en mayo de este año, la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, dijo que trabaja junto a organismos internacionales para lograr la prohibición total del matrimonio infantil y las uniones tempranas en el país para proteger a las menores de los males que acarrea ese flagelo, entre ellos la pobreza, violencia de género, embarazo prematuro, desigualdad y enfermedades.

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