Redacción/Caribbean Digital
La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) se opone a las negociaciones que rescinden el contrato de arrendamiento de los peajes de la autopista Duarte y Seis de Noviembre, entre el Estado Dominicano y la empresa Dominicana de Vías Concesionadas (Dovicon), que penalizan al gobierno con el pago de 135 millones de dólares por concepto de indemnización en beneficio de DOVICON.
Considera que de esos recursos, en un hecho insólito y contraviniendo el espíritu y sentido de la concesión, ya el Estado había avanzado 70 millones de dólares para la inversión inicial, restándoles entonces unos 65 millones para completar la indemnización por recisión del contrato.
Además de cualquier otra suma invertida pre-operacional y durante la ejecución y el pago de cualquier reclamo y facturas vencidas o por vencerse.
El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, explicó que a todas luces se trata de una estafa, que en modo alguno justifica una posible devolución de otros 65 millones de dólares, toda vez que los directivos de DOVICON no invirtieron nada, sino que fueron premiados con 70 millones de dólares como avance.
Dijo que de esta manera se descarta que se tratara de una concesión, ya que conforme a la ley le corresponde a la empresa concesionaria hacer las inversiones y cobrarse en x cantidad de años, nunca recibir dinero de adelanto y encima de todo empezar a cobrar y operar algunos peajes construidos por el estado, en otras palabras el negocio o atraco del siglo.
Reclamó de las autoridades del gobierno recobrar los peajes y someter a la acción de la justicia a los directivos de DOVICON por los 70 millones de dólares recibidos, más los cobros por concepto de la operación de los peajes, sin que hasta el momento se registre que han hecho trabajo alguno con sus propios recursos.
Asimismo, el; presidente de Justicia y Transparencia calificó como un crimen, similar incluso comparable en términos de lesión al interés nacional el contrato de la Barrick Gold, con el contrato de concesión de la carretera Samaná, donde supuestamente por la baja rentabilidad de la carretera, el gobierno deberá pagar este año a la concesionaria un “peaje sombra” de RD$2,100 millones.
Dijo que esto es un robo incalificable e inaceptable y por demás desproporcionado, el cual impone la urgente revisión del contrato, además de establecer las responsabilidades penales a que dieren lugar las investigaciones.