José Alfredo Espinal
Editor/Caribbean Digital
El doctor Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), cree que la AMET se excede, viola la ley y los derechos de los ciudadanos.
SANTIAGO, RD.– El doctor Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), reveló que la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET), no tiene facultad para imponer multas a los ciudadanos por una supuesta violación de la ley de tránsito, ya que es competencia de un juez que previamente haya refrendado la denuncia por infracción.
Asimismo, el jurista dijo que la AMET recauda anualmente cientos de millones de pesos por concepto de las multas de violación a la ley de tránsito, cuyos recursos, considera que no tiene un enfoque necesariamente transparente en su destino.
“No se puede imponer una multa, porque una multa es una pena y solamente los jueces están en condiciones de aplicarla, previo a un juicio con todas las garantías, pero hay gente que decide pagarla”, afirmó el doctor Vidal Potentini.
Dijo que la AMET impone multas y envía a la gente a pagarla al Banco de Reservas cuyos fondos, los que cree son cientos de millones de pesos al año, van dirigido al Ministerio Público para el nuevo modelo penitenciario, pero que esos recursos al parecer no se manejan del todo con transparencia porque no llegan a la tesorería nacional, aunque aclaró que con esto intente decir que hay irregularidades.
Dijo que en el país se cometen una serie de violaciones a la ley que la población no debería permitir.
Lamentó que como la AMET no tiene mecanismos para hacer su trabajo con eficiencia ha tenido que ser un organismo arbitrario y recaudador imponiendo multas en franca violación a la ley.
“Estamos de acuerdo con el orden en el país, ya que producto de las violaciones de la ley de tránsito de registran muchas muertes, pero la forma arbitraria no es las más correcta”, indicó el doctor Vidal Potentini, durante su participación en un diplomado que organiza el Tribunal Constitucional, conjuntamente con la Fundación Justicia y Transparencia, el Colegio Dominicano de Periodistas y la UASD, en su recinto de Santiago.
Por otra parte, el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, manifestó que la Junta Central Electoral comete un abuso contra los ciudadanos con el aumento por la emisión de certificados de nacimiento y actas de matrimonio legalizados.
Dijo que la Junta ya no cobra tasa sino que impone más impuestos al pueblo, lo que considera ilegal.
“Una persona no puede pagar para obtener una acta de nacimiento cada tres meses, como si la persona naciera cada tres meses, usted tiene el mismo nombre desde que nace y los mismo padres”, recordó el jurista, quien informó que someterá dos recursos contra esas disposiciones de la junta.