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Quito, (PL)Los gobiernos de Ecuador y Colombia trabajan este martes de forma cooperada en la búsqueda de la periodista Carolina Garzón, desaparecida en esta capital desde el 26 de abril de este año.
José Serrano, ministro del Interior, acudió a la presentación de la campaña para encontrar a la joven colombiana, para lo cual se estableció una recompensa entre cinco mil y 20 mil dólares destinada a pagar información al respecto.
El Fiscal General de Ecuador, Galo Chiriboga, señaló que funcionarios de la Fiscalía de Colombia viajarán a este país para avanzar en las pesquisas en coordinación con Eva Garzón, fiscal a cargo del caso.
«Este fue un compromiso asumido por las Fiscalías de Ecuador y Colombia. Una muestra más de amistad de ambos pueblos.(…) Esperamos la misma solidaridad de las autoridades colombianas con los ecuatorianos que han desaparecido en ese país», manifestó.
El embajador colombiano en Ecuador, Ricardo Lozano, dijo que se han realizado más de 38 actividades conjuntas entre las autoridades de ambos países.
Serrano se refirió también a las investigaciones en marcha tras la detención de nueve sospechosos de cometer el crimen del presidente de la Junta Cívica de Manta, Manabí, Lenin Chiriboga, quien murió tras recibir el impacto de cinco de las nueve balas disparadas contra su auto.
El ministro también criticó las medidas sustitutivas dictadas a favor de cuatro sospechosos del asesinato del exboxeador ecuatoriano Jaime Quiñónez este fin de semana y quienes fueron liberados pese a haber lavado la escena del crimen.
Según el titular, el dueño del local donde fue ultimado a tiros Quiñónez no pudo justificar tampoco altas sumas de dinero encontradas en el lugar de los hechos, por lo cual proseguirán las pesquisas.
Estas muertes, además de la de un fotógrafo y la del presidente de la Federación Ecuatoriana de deportes subacuáticos, conmocionaron a la sociedad ecuatoriana en las últimas semanas.
El gobierno, por su parte, se esfuerza en encontrar a los culpables a la vez que reestructura el sistema policial y de aplicación de la justicia para reducir los niveles de inseguridad ciudadana que, según el presidente Rafael Correa, están por debajo del resto de la región latinoamericana.
Fuente: Prensa Latina