JOSÉ ALFREDO ESPINAL
Ven la necesidad de que se posponga hasta abril o mayo esa norma que debía aplicarse a partir del lunes 11 de enero 2021.
SANTIAGO-. La Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), la Asociación de Empresas del Centro Histórico (Asecensa), el Consejo Nacional de Consultores Impositivos (CONACI) y el Instituto de Contadores Públicos Autorizados (ICPARD), solicitaron ayer al Congreso Nacional la extensión por seis meses del plazo para acogerse a la Ley 46-20 y la Norma General 5-20 de Transparencia y Revalorización Patrimonial.
Consideran que la postergación de la aplicación de la norma se la están sugiriendo al Congreso, al Ministerio de Finanzas y a la Dirección General de Impuestos Internos, tras esperar receptividad en esas autoridades.
Durante una rueda de prensa, el presidente de la ACIS, Sandy Filpo, quien fungió de vocero, explicó que necesitan más tiempo de las autoridades porque muchas de las empresas no pueden enfrentar el compromiso para acogerse a la iniciativa debido a la situación financiera actual.
“Estamos solicitando que se pueda extender el plazo hasta abril o mayo para que más empresas se puedan acoger a estas amnistía y la sincerización; estas dos iniciativas con finalidad que muchas puedan normalizar su estado en la DGII y pueden sincerizar su patrimonio”, indicó el dirigente empresarial.
En el encuentro también expusieron sus justificaciones el asesor de la ACIS, Bernardo Espinosa, Danilo Batista, representante del ICPARD, José Octavio Reinoso, presidente de Asecensa, Cristian Cepeda, del CONACI, y Nelson Hahn, de Firma de Auditores.
Danilo Batista manifestó la necesidad que el Congreso y la DGII extiendan el plazo, ya que al inicio la ley no estaba clara y se perdía el saldo a favor del ITBIS, y al flexibilizar más sectores pueden acogerse y sean más flexible con la medida para abarcar otros sectores que por el covid no están a toda capacidad.
En ese sentido, se expresó el presidente de Asecensa, José Octavio Reinoso, quien recordó que el plazo vence este 11 de enero, por lo que pidió a las autoridades una prorroga por 180 días para más empresas puedan aprovecharse de este beneficio.
Los dirigentes empresariales y consultores recordaron que se aprobó esa ley de especie de sincerizacion patrimonial y amnistía fiscal, pero que la mayoría de las empresas no se han podido acoger debido a dificultades provocada por la pandemia.