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El Salvador, (EFE).– Un grupo de feministas insistieron este miércoles al Estado de El Salvador, con motivo del Día de Acción Global por el Aborto Legal, en que se permita el aborto seguro, gratuito y legal, cuya práctica en el país centroamericano está prohibida en todas sus formas y es penada con cárcel.
Las mujeres también aprovecharon dicho día para recordar a Beatriz, una joven a quien en 2013 se le impidió interrumpir su embarazo y cuyo caso está siendo analizado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
«Recordamos a Beatriz para que ninguna mujer pierda su vida, para que todas tengamos derecho a la salud, para que no se niegue un aborto a una mujer que busca sobrevivir», dijo a Efe la activista Alejandra Burgos durante una actividad realizada en la plaza de la salud en San Salvador.
Un grupo de feministas insistieron este miércoles al Estado de El Salvador, con motivo del Día de Acción Global por el Aborto Legal, en que se permita el aborto seguro, gratuito y legal, cuya práctica en el país centroamericano está prohibida en todas sus formas y es penada con cárcel.
Las mujeres también aprovecharon dicho día para recordar a Beatriz, una joven a quien en 2013 se le impidió interrumpir su embarazo y cuyo caso está siendo analizado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
«Recordamos a Beatriz para que ninguna mujer pierda su vida, para que todas tengamos derecho a la salud, para que no se niegue un aborto a una mujer que busca sobrevivir», dijo a Efe la activista Alejandra Burgos durante una actividad realizada en la plaza de la salud en San Salvador.
Señaló que el caso de Beatriz «es un caso emblemático para el país» que les permite «seguir luchando e insistiendo al Estado en que se debe permitir en el país el aborto seguro, gratuito y legal para que ya no mueran más mujeres».
En El Salvador, las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos y mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto, prohibido en todas las circunstancias, y son acusadas de homicidio agravado, cuya pena de cárcel es de 30 años.
«Beatriz padeció y sufrió la negligencia de un Estado opresor y machista. Un Estado que se niega a dar a las mujeres un derecho a abortar que es totalmente legítimo (…) por Beatriz y por otras muchas mujeres seguiremos en esta lucha», agregó Burgos.
En 2013 Beatriz, una joven que vivía en situación de extrema pobreza, halló que estaba embarazada de once semanas y su condición fue declarada de alto riesgo dado que padecía una enfermedad grave, según los datos de que dispone la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Posteriormente se diagnosticó que el feto era anencefálico, es decir incompatible con la vida extrauterina, y que si el embarazo avanzaba existía la probabilidad de muerte materna.
Ante esta situación la joven salvadoreña recurrió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de su país, que le denegó el aborto. Luego tuvo que ser hospitalizada en San Salvador desde abril de 2013 y dio a luz a una niña mediante una operación cesárea el 3 de junio de ese mismo año.
Sin embargo, la bebé murió horas después porque no tenía cerebro, una de las causas por las que su madre había pedido interrumpir el embarazo, además de sus propias enfermedades (padecía lupus).
El 28 de mayo de 2013, la Sala de lo Constitucional de la CSJ le denegó a la mujer su petición de abortar, presentada el 11 de abril de 2013, y el 29 de mayo la CorteIDH dictó medidas provisionales a su favor, pero tampoco logró su objetivo.
La joven falleció en octubre de 2017 a consecuencia de las complicaciones de su estado de salud tras sufrir un accidente de moto en el momento en que era llevada a una consulta médica.