FBI presenta cargos en contra de ex oficial de policía PR acusado de distribución de drogas

Por Rose Mary Santana

Especial/Caribbean Digital

El arresto del oficial se produjo luego de la operación denominada “Guarda Cabaña” del FBI en Puerto Rico.

Washington, DC.-El Buró Federal de Investigaciones, FBI, presentó formal acusación ante un juez federal en contra de un ex oficial del Departamento de la Policía Municipal de San Juan, Puerto Rico acusado de tráfico de drogas.

Arcadio Hernández Soto de 35 años de edad fue imputado de  “tres cargos de conspiración con intención de distribución más de cinco kilos de cocaína y cuatro cargos de posesión de un arma de fuego en cumplimiento de una transacción de drogas”, según las autoridades actuantes en el caso.

De acuerdo con la evidencia presentada en los tribunales por el FBI, Hernández Soto “brindó seguridad, para el trasiego de cocaína el 8 de mayo de 2009, el 04 de junio del mismo año y el 23 de julio 2009. También en la oferta recibida para el día 13 de julio de 2010, pero todas las ofertas que recibió formaban parte de la operación encubierta del FBI”.

Según consta en el expediente acusatorio, Amaro Santiago “fue empleado como un miembro del Departamento de Policía de San Juan, que debería actuar como salvaguardia de las transacciones de drogas, en este caso cocaína, es decir proteger las ofertas y acompañar al comprador tanto dentro como fuera. Recibía un pago en efectivo entre US$ 2.000 y US$ 3.000 por cada transacción y por el servicio de seguridad para la operación” según detalla el Buró Federal de Investigaciones en el expediente presentado en el juicio.

“Hernández Soto reclutó otros oficiales de policía a participar en varias ofertas de transacción de drogas”, según el FBI.

El acusado podría recibir una pena minima de 90 años de prisión y la máxima de cadena perpetua, si el juez federal lo considera culpable de sus delitos.

El caso fue procesado por los Abogados Litigantes John P. Pearson y Richard B. Evans, de la Sección de la Sala Penal de Integridad Pública y fue resultado de una investigación conjunta entre el FBI y  la Oficina del Fiscal Federal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.