ROBERTO PEREZ
Especial/Caribbean Digital
SANTIAGO.- Familiares del joven José Rolando Veras Reina, ultimado a tiros por desconocidos en el municipio de Tamboril, el pasado día 3 de mayo del presente año, demandaron de las autoridades policiales y judiciales que se haga justicia en el caso.
La petición fue hecha mediante un documento enviado al jefe de la Policía Nacional, mayor general José Armando Polanco Gómez, al Procurador General de la República, licenciado Francisco Domínguez Brito, y al jefe de la Dirección Regional Cibao Central del cuerpo del orden con asiento en esta ciudad, el general de brigada Neivis Luis Pérez Sánchez.
El documento que también fue entregado en los medios de comunicación, señala, que el hecho en que fue asesinado Veras Reina, alias Cacu, se debió a viejas rencillas personales, pero que en el mismo participaron sicarios del municipio de Tamboril, pagados por el comerciante Laly Veras, con quien la víctima tenía problemas personales.
“Queremos destacar que el asesinato de nuestro pariente se trato de un trabajo por encargo, acto cometido con asechanza y alevosía, por un reconocido delincuente identificado como Elvis Castillo y su compañero Víctor Germosen Veras, pagados por el comerciante Laly Veras, y estos aun no han sido apresados” indica el documento.
Explica que la muerte de Cacu fue una “Crónica de una Muerte Anunciada”, ya que a este lo esperaron y lo mataron sin capuchas, al aire libre y a plena luz del día, como buscando que se supiera de donde provenía, y quienes eran sus autores.
Sin embargo, tanto los autores materiales e intelectuales del hecho que lleno de indignación a los tamborileños, aun continúan en libertad, porque están siendo encubierto por agentes policiales, que saben quiénes son, y sin embargo no los apresan, porque reciben favores.
También, el documento señala que en el hecho se interpuso el sector político, quien está encubriendo a los asesinos de Veras Reina, alias Cacu.
Es por eso, que los familiares de la victima están pidiendo la intervención tanto del jefe de la Policía Nacional, mayor general Polanco Gómez, del Procurador General de la República, licenciado Domínguez Brito y del general Pérez Sánchez, para que ordene el apresamiento de los autores materiales e intelectuales del hecho de sangre, y que los mismos sean sometidos a la acción de la justicia.