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Luxemburgo, (AFP).- Un socio y aficionados del FC Barcelona contestaron este martes ante la justicia de la UE la legalidad del traspaso al París Saint-Germain de Lionel Messi, y reivindicaron «su capacidad a ser tomados en cuenta» en la gobernanza de este deporte.
En el centro del litigio: el traspaso en agosto de 2021 de la estrella argentina al club parisino, propiedad de un fondo de inversiones catarí, sobre un fondo de aplicación juzgada «heterogénea» de las reglas de la UEFA.
Los denunciantes, defendidos por el abogado franco-español Juan Branco, estiman que el PSG solo pudo realizar este fichaje debido al aplazamiento en Francia (en mayo de 2023) de la aplicación de las reglas de fair-play financiero de la UEFA, lo que consideran una ayuda de Estado.
Estas mismas reglas, que se aplicaban ya en España, hicieron saber, «obligaron al FC Barcelona a separarse de Messi», creando de hecho «una distorsión de competencia de la que se aprovechó el PSG».
Guardiana de la competencia en la UE, la Comisión Europea debe investigar sobre esta presunta ayuda estatal, según Branco. Pero ante su rechazo, los denunciantes –la Penya Barça Lyon y un socio anónimo del FC Barcelona– se dirigieron al le Tribunal de la Unión Europea con base en Luxemburgo.
En la audiencia del martes por la mañana, Branco denunció una «financiarización progresiva» del fútbol y un control de la gobernanza del deporte «dejado a la UEFA», un órgano de derecho privado instalado en Suiza.
«Los aficionados y los ciudadanos europeos no tiene derecho a intervenir», lamenta el abogado.
Bruno Stromsky, del servicio jurídico de la Comisión, desechó estos argumentos.
«Las disparidades de las que se quejan los solicitantes no muestran ayudas estatales», dice este jurista.
Ningún control jurisdiccional
Stromsky señaló que no hay «ningún control jurisdiccional» ni recurso posible de un particular contra la decisión del ejecutivo europeo de no investigar.
«El propio FC Barcelona no presentó denuncia» y existe un «riesgo de instrumentalización del derecho de las ayudas de estado», concluyó Bruno Stromsky.
La decisión del Tribunal de la UE no es esperada antes de varios meses.