Corte varió medida de coerción a imputada por muerte de niño en estancia infantil de SFM

Caribbean Digital

La Corte de Apelación del distrito judicial de la provincia Duarte dispuso el pago de una garantía económica de RD$500 mil a empleada del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) en San Francisco de Macorís, tras variarle la prisión preventiva que le fue impuesta como medida de coerción por la muerte de un niño de un año y 10 meses de nacido que estaba bajo su cuidado.

La decisión fue adoptada a favor de Rosmery Cross Olivo, la única de las imputadas que permanece en prisión por el fallecimiento de Maikel Esmil Castro Álvarez, a causa de asfixia mecánica por ahogamiento, luego que se cayó dentro de un cubo de agua mientras se encontraba jugando con un juguete.

El hecho ocurrió el 2 de septiembre del 2022 en el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) Pueblo Nuevo, en San Francisco de Macorís.

Según la acusación del Ministerio Público, el hecho se produjo por la torpeza, imprudencia, negligencia e inobservancia de los reglamentos del personal responsable de los niños.

Las implicadas en el caso enfrentan cargos de homicidio involuntario, abandono y maltrato a menores de edad, tipificado y sancionado en los artículos 319 y 351, párrafo 2, del Código Penal.

Por la muerte del menor de edad también está imputada Katerin Castaño Bautista, a quien hace varios meses la Corte también le cambió la medida de coerción consistente en prisión por garantía económica.

DIARIO LIBRE