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SANTIAGO.– La dirección general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), calificó este viernes como una acción política la demanda interpuesta por la Alcaldía de este municipio, por un alegado desfalco contra el gobierno local de más de RD$133 millones.
Dijo que el alcalde Abel Martínez nunca ha asumido una actitud de dialogar. Acusó al edil de pretender controlar a Coraasan para sus propósitos presidenciales, debido a la cantidad de empleados que tiene esta entidad estatal.
“Coraasan siempre ha estado en disposición de negociar, porque ambas instituciones se deben dinero, pero el Ayuntamiento también tiene que saldar su deuda, porque ni siquiera el servicio de agua que consumen quieren pagarnos”, afirmó la dirección de la corporación acuífera, a través del ingeniero Samuel Peguero, encargado de Servicios Generales.
Reveló que la Alcaldía de Santiago le adeuda A Coraasan cerca de RD$200 millones, aparte de RD$13 millones que tiene pendiente de pago la gestión del alcalde Abel Martínez por el consumo de agua potable.
Peguero dijo que ante la demanda del Ayuntamiento, la Coraasan apoderó del caso a abogado Jorge Luis Polanco, quien ofrecerá detalles del procedimiento que llevarán a cabo el próximo lunes 17 de este mes, a las 11:00 de la mañana, en su oficina de la avenida República de Argentina, de esta ciudad.
“Es una acción política, realmente por la tendencia del alcalde que, en vez de buscar la unidad lo que busca es la división, creando mal ambiente. Abel quiere manejar a Coraasan para hacerse el dueño de la ciudad de Santiago”, expresó la dirección de esta institución del gobierno.
En la querella con constitución en actor civil depositada en la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), el alcalde, Abel Martínez Durán, acusa a Durán Rodríguez y a Coraasan, de retener los pagos correspondientes a los arbitrios municipales, que al pasado 11 de mayo totalizaban RD$133,757,335.12.
Solicitó a la PEPCA presentar acusación contra ambos imputados, solicitar al juez competente cinco años de prisión y multa de tres veces la suma desfalcada para Durán Rodríguez; condenar a la empresa al pago de una indemnización de RD$10 millones, por daños y perjuicios; y a ambos, al pago de las costas a favor del abogado que la defiende.