Caribbean Digital
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La organización Haitianos en República Dominicana (#HaitianosRD) denunció que migrantes haitianos que viven en Santiago de los Caballeros están siendo víctimas de ataques racistas violentos de parte de la población y de policías municipales.
La entidad responsabilizaron del problema a la Alcaldía de Santiago. Citó el caso de la comunidad Matanzas, en la cual un grupo de comunitarios mató a un migrante haitiano e hirió de gravedad a otro, y reclamó que esas personas sean sometidas a la justicia.
Afirmó que no hay dudas de que la muerte del haitiano fue un crimen basado en la xenofobia, porque sin ninguna averiguación se le quiso culpar de la muerte de un dominicano, que fue muerto por un pariente también dominicano.
A continuación la declaración de la organización:
Colectivo #HaitianosRD responsabiliza a la Alcaldía de Santiago de los ataques racistas de parte de sus agentes municipales y de la población civil contra integrantes de la comunidad haitiana
Con mucha indignación y dolor nos hemos enterado del último suceso ocurrido a principios de junio 2019, en el cual murió un joven dominicano, muerto por un comerciante, y dos ciudadanos haitianos fueron linchados en Matanzas, en la Provincia Santiago. Uno fue muerto y el otro gravemente herido por parte de ciudadanos que deben ser sometidos a juicio y condenados penalmente.
Todo indica que la turba actuó bajo prejuicios y estereotipos que se han visto reforzados en el Cibao por las constantes declaraciones que denigran a las personas de origen haitiano (Ver https://caribbeandigital.net/un-nuevo-linchamiento-racista-en-santiago-basta-de-racismo-y-xenofobia-en-rd/) por parte del actual alcalde de Santiago, Abel Martínez.
No hay dudas de que fue un crimen basado en la xenofobia. El confeso asesino del joven dominicano, que resulta ser familiar suyo, habría acusado del crimen a unos inmigrantes haitianos, quienes solo pasaban por el lugar.
Esta no es la primera vez que en esas zonas se culpa a nacionales haitianos por crímenes o actos penales cometidos por nacionales dominicanos. Incluso, las propias autoridades dominicanas han tenido que constatar.
La situación se agrava por la permanente propaganda que está realizando la Alcaldía de Santiago, ya que encontramos las declaraciones oficiales de su máxima autoridad colgadas en su portal web que incitan al odio en contra de la comunidad de inmigrantes de origen haitiano, reforzando el estereotipo de que los haitianos que se encuentran en el país tienen estatus migratorio irregular e incursos en delitos.
En febrero 2015 fue encontrado ahorcado en el parque Ercilia Pepín, un parque público de Santiago, el joven trabajador de origen haitiano Jean Claude Harry, popularmente conocido como Tulile. Hasta el momento el gobierno dominicano no ha rendido cuentas de su investigación ni hecho justicia ante ese macabro asesinato a todas luces racista.
A finales del año 2018, también se denunció a través de las redes sociales, la agresión que perpetraron agentes municipales de Santiago contra un joven youtuber turista de origen keniano, Fredrick Marwa, que viaja por el mundo haciendo videos sobre lugares turísticos, por la simple razón de tener el color de piel negro y, según su testimonio, porque los agentes pensaban que era haitiano.
Sabemos que República Dominicana es signataria desde el año 1983 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación Racial, instrumento de las Naciones Unidas, que en su artículo 4 reza lo siguiente:
“Los Estados partes condenan toda la propaganda y todas las organizaciones que se inspiren en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas de un determinado color u origen étnico, o que pretendan justificar o promover el odio racial y la discriminación racial, cualquiera que sea su forma, y se comprometen a tomar medidas inmediatas y positivas destinadas a eliminar toda incitación a tal discriminación o actos de tal discriminación…”.
Y específicamente recomiendan declarar como acto punible conforme a la ley toda difusión de ideas basadas en el odio racial, así como toda incitación a la discriminación racial, y todo acto de violencia o toda incitación a cometer tales actos contra cualquier grupo de personas de otro color u origen nacional o étnico.
También que no deben permitir que las autoridades ni las instituciones públicas nacionales o locales promuevan la discriminación racial o inciten a ella.
Por tal razón exigimos al presidente Danilo Medina, poner freno a todo acto o propaganda que incite a nuevas agresiones y crímenes contra las personas de origen haitiano o de piel negra. Llamamos a que desde el gobierno dominicano se haga una campaña para sensibilizar sobre la tolerancia a otros grupos y el respeto a la dignidad, la inclusión y no discriminación de las personas, sin importar su condición u origen, lineamiento ya incluido en el Plan Nacional de Derechos Humanos de la República Dominicana.
Rechazamos los recurrentes linchamientos públicos, de los que suelen ser víctimas personas negras, sean nacionales o extranjeras. El sistema de opresión existente divide a las personas empobrecidas por nociones de raza, nacionalidad, género, obstaculizando la construcción de lazos de solidaridad.
Tiene el gobierno dominicano la obligación de hacer cesar desde la propaganda estatal de odio basada en el origen nacional. Al Estado le corresponde promover una legislación nacional específica sobre los crímenes y todo acto o incitación motivada por el odio racial o étnico y así enviar un mensaje claro para contrarrestar las campañas de odio racista y xenófobo.
Instamos a la sociedad civil a que se movilice para promover la inclusión social en el país que nos ha acogido y cuya Carta Magna proclama que la República Dominicana es “un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos”.