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Santo Domingo. Durante el 2018, el Gobierno dominicano, a través del Consejo Nacional de Competitividad construyó las bases de un modelo de trabajo público – privado histórico para el desarrollo del país; una alianza que representa los cimientos de una mejor relación entre todos los sectores económicos, con el fin de crear mayores oportunidades para los ciudadanos.
Rafael Paz, director ejecutivo de la entidad, entiende que esta relación entre sectores así como las medidas tomadas en esta primera etapa de gestión, aportan al fortalecimiento y desarrollo de la nación.
“Este año, construimos una relación de confianza, trabajo común y una agenda unificada entre el sector público y privado, superando el tradicional conflicto derivado de una falta de comunicación apropiada entre los generadores de riqueza y el Estado dominicano como creador de políticas”, reveló.
Paz puntualizó que este esfuerzo conjunto se tradujo en concreto con seis sesiones del Pleno del Consejo de Competitividad, liderado por el Presidente Medina y compuesto por miembros clave del sector público y privado, donde se aprobaron 109 medidas bajo la estrategia Dominicana Competitiva, de las cuales 88 ya inciden positivamente a los sectores: Industria, Minería, Zonas Francas, Turismo Agropecuaria e Impacto Fiscal.
Como resultado de las medidas más destacadas se pueden citar el Decreto 260-18, que reduce de 16.5 a 3 días los tiempos para la constituciónn de empresas.
Otra evidencia del compromiso del Gobierno dominicano con impulsar la marca país fue la promulgación del Decreto 431-18, sobre la explotación, procesamiento y exportación del ámbar y larimar en estado natural o semiprocesado; así como el Decreto 430-18 sobre la Reserva Fiscal Minera para la extracción y exportación de “tierras raras” de la mina “Ávilas”.
Otra acción que se dispuso por decreto (259-18) fue la creación de la Ventanilla Única De Permisos de Construcción, coordinada con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, con el fin de aglutinar las distintas entidades que tienen incidencia sobre los permisos, reduciendo además los tiempos de emisión de 188 a 45 días.
La creación del Comité Nacional de Facilitación de Comercio (mediante el Decreto 421-17) ha sido uno de los hitos más trascendentes; una asociación creada con el compromiso de implementar las disposiciones del Acuerdo de Facilitación de Comercio de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y servir como mesa permanente para abordar los temas de logística y facilitación de comercio.
Fruto de las Mesas de Trabajo del Consejo Nacional de Competitividad se logró también el impulso de una resolución del Ministerio de Agricultura, sobre la priorización de 10 productos agrícolas (entre estos: aguacate, banano, mango, piña, yuca, coco y cacao) a fin de trabajar sus cadenas de valor para potenciar su producción e internacionalización.
Más medidas de impacto
Paz explica que en este periodo además se dispuso el Plan Nacional de Mejora Regulatoria, mediante del Decreto 258-18, que designa a la Dirección Ejecutiva de este Consejo como entidad responsable de realizar el inventario y análisis del impacto económico de las regulaciones que promulga el Estado, tomando como referencia los costos y beneficios asociados de la actividad regulatoria frente al PIB.
Como parte de su misión institucional de articular, gestionar e impulsar políticas y estrategias público-privadas que mejoren la competitividad del país, se sometió un Anteproyecto de Ley sobre Trámites para Autorizaciones de Uso de Suelo, para homologar los requisitos y procedimientos administrativos que se requieren en la tramitación y emisión de autorizaciones de uso de suelo en los ayuntamientos.
“Estos decretos y resoluciones son el resultado del arduo trabajo de esta gran alianza, que presentó 97 propuestas que buscaban potenciar la productividad y las exportaciones. Fueron 19 reuniones de trabajo con más de 70 horas de reunión y la participación de 63 instituciones públicas y privadas, representadas en 1700 horas persona”, detalla Paz.
La organización también dispuso el envío al Congreso Nacional un Proyecto de Ley para la eliminación del requisito de Capital Mínimo para las SRL de la Ley 479-08; ha apoyado al Proyecto de Ley de Alianza Público Privada, así como al Proyecto de Ley de Garantías Mobiliarias.
Con relación a esta última ley, Rafael Paz enfatiza que “esta va a liberar a los emprendedores y los pequeñas empresas de las garras de los usureros de la República Dominicana y, por razones que no comprendemos, esta ley está estancada en la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y no han valido los esfuerzo para que la misma sea aprobada”.
Eliminación de procesos burocráticos
Otro enfoque central de esta primera etapa del Consejo Nacional de Competitividad también fue su concentración de manera prioritaria en eliminar las trabas burocráticas que limitaban el emprendimiento y el dinamismo de los negocios del país.
Para apoyar a la solución de estos retos, se realizó la implementación del Plan de Mejora Regulatoria para los Registro Sanitarios. Este registro es vital para que un producto pueda ser comercializado formalmente y, anteriormente, contar con esta certificación demoraba hasta dos años.
Con esta nueva medida se reduce los tiempos de certificación a 35 días, lo que activa al sector industrial y genera mayor formalidad para las pequeñas empresas que antes tenían que esperar un largo tiempo para comenzar a operar y poner sus productos en el mercado.
La reducción del tiempo de registro del nombre comercial y establecimiento de la obligatoriedad del registro por vía electrónica (decreto 260-18) la eliminación de la tarjeta de turista; así como la creación de un perfil para los agregados de las secciones comerciales, representa una gran ventaja para mejorar procesos que fortalecen la productividad nacional.
Paz argumentó que en el 2018, también se creó el Comité para la Coordinación de Políticas para el Desarrollo Productivo y las Exportaciones, con firme propósito de potenciar este factor vital para el impulso de la economía dominicana.
Por medio a este Consejo, se llevó a cabo la revisión de las metodologías fiscales y simplificación de trámites para el pago de impuestos y aranceles; así como se tomaron medidas de alto impacto para el desarrollo productivo y exportaciones.
Conectividad y desarrollo
Dentro de su estrategia, Competitividad también ha trabajado en el desarrollo de conectividad y logística, por lo que en el 2018 crearon una Mesa de Trabajo Pública Privada orientada a este segmento. Además, se elaboró un catálogo de rutas y conectividad hacia el Caribe, como la primera documentación que traza con exactitud todas las rutas disponibles desde nuestros puertos de carga y aeropuertos, brindándole al exportador dominicano una herramienta de valor.
Paz afirma que una de las medidas más relevantes dentro de este bloque ha sido la extensión de horarios en Aduanas, de 7:00 a.m. -10:00 p.m. , el cual permite potencializar las exportaciones y duplicar la capacidad portuaria del país. Esta medida fue aprobada por el Decreto 384-18, el cual sostiene la mejora de servicios de logística en el país.
En el 2018, la posición del país en el Índice Global de Competitividad mejoró como la posición #82 de 140 economías; además, se ha consolidado como el sexto país con mejor conectividad, de acuerdo al Índice Marítimo de Conectividad.
Inserts
1. Uno de los grandes proyectos de la organización es potenciar el país por zonas. Bajo el concepto “Regiones Competitivas” buscan impulsar el desarrollo provincial resaltando las oportunidades de crecimiento, identificando potencialidades productivas, infraestructuras disponibles, recursos naturales, atractivos culturales y turísticos de cada territorio.
2. El Consejo Nacional de Competitividad ha sido elegido como Coordinador Adjunto 2019 y Coordinador 2020 de la Red Iberoamericana y del Caribe de Mejora Regulatoria que se realizará por primera vez en el país con su séptima versión. En red está conformada por más de 14 países de la región, entre ellos participan: México, España, Brasil, Argentina, Colombia y Costa Rica, así como por organismos internacionales expertos en mejora regulatoria, como son la OCDE y el BID.