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BUENOS AIRES, (AP)-El vicepresidente argentino Amado Boudou se presentó el viernes de forma espontánea ante el juez que debe decidir si le indagará por supuesto tráfico de influencias en una causa en la que su situación se ha vuelto cada vez más delicada.
El vicepresidente estuvo pocos minutos ante el juez federal Ariel Lijo en la sede de los tribunales de esta capital y al salir dijo a los periodistas que, más allá de las decisiones que eventualmente tome el magistrado, quiso manifestPotarle que cuenta con su “máxima colaboración” en cualquier fase de la causa judicial.
El jueves, un fiscal federal pidió al magistrado que indague a Boudou y a Ricardo Etchegaray, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por considerar que los funcionarios realizaron “negociaciones incompatibles con la función pública” en la quiebra y posterior adquisición de la impresora de billetes de curso legal Ciccone Calcográfica por parte del fondo de inversión The Old Fund.
“Que la investigación avance lo más rápido posible para que se esclarezca (la situación)”, afirmó el vicepresidente, quien sostuvo que “el poder ejecutivo” tiene “el máximo respeto” por la actuación de la justicia. El alto funcionario ha negado en reiteradas ocasiones y de forma pública haber cometido maniobras delictivas, lo mismo que el titular del fisco. Según el fiscal Jorge di Lello, cuando era ministro de Economía en 2010, Boudou habría incurrido en negociaciones irregulares para que Ciccone Calcográfica -que luego pasó a denominarse Compañía de Valores Sudamericana- pudiera levantar su quiebra mediante un plan de pagos ventajoso y quedara después bajo control de un fondo de inversión cuyos dueños tendrían vinculación con el ahora vicepresidente. Investigadores sospechan que después la empresa fue favorecida con contratos con el Estado.
“No tengo nada que ver… ya expliqué que son mentiras”, dijo el vicepresidente sobre el caso, uno de supuestos hechos de corrupción más sonados durante la gestión de la presidenta Cristina Fernández.
El funcionario señaló que había presentado al juez dos escritos, uno con argumentos que ya esgrimió más de una vez para declarar su inocencia, y otro de tono crítico para refutar los argumentos del fiscal.
Boudou, quien ocupa el primer puesto en la línea sucesoria presidencial, es el funcionario con peor imagen, según las encuestas. En tanto jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmó que Boudou es sometido a “una sistemática persecución y linchamiento mediático” y reclamó “cumplir con los plazos procesales para garantizar el debido proceso y el principio de presunción de inocencia”. En tanto, Diego Pirotta, abogado de Boudou, afirmó a Radio América que su cliente no gozará de privilegios en la causa Ciccone.
“El vicepresidente tomó la decisión de presentarse espontáneamente (para) despejar dudas”, sostuvo el letrado. Pero opositores dijeron que el vicepresidente debería renunciar y criticaron al gobierno por defenderle.
Algunos de ellos pidieron la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso – en receso por el periodo estival- para tratar un pedido de juicio político contra Boudou, lo que sería difícil de impulsar ya que el oficialismo y sus aliados mantienen el control en el poder legislativo.
El expresidente Eduardo Duhalde (2002), del peronismo disidente, calificó de “caradura” a Boudou.
La diputada Laura Alonso afirmó que “es la primera vez en la historia constitucional de la Argentina que hay un pedido de indagatoria a un vicepresidente” y calificó a Boudou de “trepador” y “un señor que hasta no hace mucho tiempo se sentía impune”.
Al insinuar la posibilidad de que los “tiempos judiciales” se alarguen para favorecer al gobierno, la legisladora señaló que “podría haber una indagatoria (al vicepresidente) en octubre, noviembre, y ya estaríamos pasando a 2015”, el último año de gestión de Fernández, quien no puede presentarse a un nuevo mandato por una prohibición constitucional.
No hay un plazo definido para que el juez responda si acepta el pedido del fiscal para interrogar a los dos funcionarios, así como a un asesor del titular del fisco y ocho empresarios que también fueron acusados.
En el caso de acceder a tomar declaración indagatoria a Boudou, el magistrado podría posteriormente considerar al vicepresidente responsable de un delito o considerar que no hay motivo para inculparlo.
La pena que les cabría a los funcionarios públicos sería de prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua.
Según legisladores opositores, Boudou no goza de fueros que lo protejan, beneficio que tienen los diputados y senadores, así es que el juez podría ordenar la detención preventiva del vicepresidente tras escucharle en declaración indagatoria.