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SANTO DOMINGO./Las diferencias de los bancos privados con el Instituto para la Defensa y Protección de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor) serán llevadas a la base de la sociedad cuando sean tocadas las puertas de los hogares en procura de firmas para un anteproyecto de ley que reglamentaría los intereses que se cobran a los usuarios de tarjetas de crédito.
La iniciativa de ley será ejecutada, en función del artículo 97 de la Constitución de la república relativo a los mecanismos de participación democrática, por las fundaciones Justicia y Transparencia y Observatorio Internacional y Legislativo, según informaron sus voceros Trajano Potentini y Marcos Cruz en el programa el gobierno de la tarde de la Z 101.
Esto, prosiguió Trajano Potentini, sería un proyecto del pueblo que requerirá la recolección de más de 120,000 firmas equivalentes al 2% de los inscritos en el padrón electoral. El anteproyecto de ley procurará regular y controlar los intereses que cobran los emisores de tarjetas de crédito.
Cruz y Potentini anunciaron que un cuerpo de abogados de ambas instituciones encaminarán otras iniciativas para respaldar a Proconsumidor y a su titular, Altagracia Paulino, quien “es acosada” por la Asociación de Bancos Comerciales incluso con la interposición de un recurso de amparo en contra de Proconsumidor “que procura limitarle su capacidad de acción en las funciones que la ley pone a su cargo”. Entre los abogados que enfrentaran los despropósitos de la Asociación de Bancos Comerciales se encuentran los licenciados y doctores Trajano Potentini, Marcos Cruz, Namphis Rodríguez, David la Hoz y José Sánchez.
Para la semana próxima nuestros abogados acometeremos un recurso de amparo en contra de la Asociación de Bancos comerciales para que cumplan con la ley y de la Superintendencia de Bancos que se mantiene indiferente”, y aparentemente ha decidido hacer causa común con los banqueros, alejándose de las responsabilidades de regular y velar por la observación rigurosa de las leyes en el sector financiero, dijo Potentini.
De acuerdo con Trajano Potentini, Paulino “se queda corta” en el uso y prerrogativas que le permite la Ley 385-05 sobre protección de los derechos del consumidor y el artículo 53 de la Constitución, el cual prevé la protección del consumidor con categoría de derecho fundamental en sus requerimientos de que sean registrados los contratos de adhesión en Proconsumidor, facultada además para exigir la revisión y corrección de clausulas leoninas, abusivas y violatorias de los derechos del consumidor. Las clausulas y datos que contienen esos contratos (de adhesión) tienen una “extensa” información ilegible en más del 99% de los casos.