Compartir
Trajano Potentini, presidente de Justicia y Transparencia. Foto de archivo

Servicios/Caribbean Digital

El capítulo de Transparencia Municipal de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), presentó los resultados del segundo diagnóstico del observatorio sobre las  ejecutorias, del manejo y administración de los recursos destinados a los ayuntamientos municipales y distritos municipales, que abarcó el análisis del respeto y observación de las leyes relacionadas con la transparencia en la gestión pública municipal.

Trajano Potentini, presidente de Justicia y Transparencia.
Trajano Potentini, presidente de Justicia y Transparencia.

Asimismo, el estudio comprendió  los informes de la Cámara de Cuentas, las cifras y datos estadísticos de las ejecuciones presupuestarias de los últimos años, y el monitoreo y seguimiento de sus ejecutorias por parte de Justicia y Transparencia.

Para la realización del mismo se tomó en consideración una cantidad apreciable de los principales ayuntamientos y distritos municipales del país, que han administrado más del 80% del presupuesto general del Estado dedicado a ese sector.  

Asimismo, el referido estudio contempló los últimos 6 años de gestión municipal, recabando la limitada información y contenido sobre transparencia alojado en los portales de los ayuntamientos que poseen ese servicio, además de la percepción de diferentes organizaciones que trabajan en el ámbito comunitario local sobre el presupuesto participativo y otros mecanismos de participación municipal.

Trajano Potentini, presidente de Justicia y Transparencia se mostró preocupado por las recurrentes violaciones que se registran en los gobiernos locales.

Resaltó el incumplimiento a la ley 176-07, en el presupuesto participativo, más del 25% destinado al pago de la nomina, el nepotismo, la no rendición de cuentas, violaciones a la ley 200-04 sobre acceso a la información pública, la ley 41-08 de función pública, la ley 340-06 violada en las compras, y contrataciones que realizan los ayuntamientos, las leyes y directrices de la Contraloría General de la República y la Constitución de la República en sus artículos 138, 140 y 144, sobre los principios rectores de la administración, la proscripción de la corrupción y al salario de los servidores públicos.

El estudio arrojó que los ayuntamientos del país, durante los últimos seis años, conforme a estadísticas oficiales han recibido, desde el 2006 al 2013, sumas superiores a los cien mil millones de pesos (RD$100, 000, 000,000.00) sin contar otros aportes propios, ni los financiamientos internacionales.

A pesar de la realidad precedentemente planteada, y de acuerdo a estimaciones avaladas ampliamente por la auditorias de la Cámara de Cuentas y el monitoreo de la fundación, “podemos afirmar, que en el plano municipal a nivel de la administración de los cabildos, se han malversado sobre el treinta por ciento (30%) del total de los ingresos municipales, agrupando los últimos seis años, lo cual supondría algo más de treinta mil millones de pesos, irremisiblemente desfalcado en el entorno municipal”.

“ Lo que revela datos escalofriantes, no solamente sobre malversación, sino peor aún, “deficiencias administrativas” de tal envergadura que los montos citados, palidecen ante la realidad del dispendio de recursos”, sostuvo.

Potentini, anunció que someterán a la acción de la justicia en los próximos días a varios alcaldes y ex-alcaldes procedentes de los principales ayuntamientos del país, por actos de corrupción en el desempeño de sus funciones, los problemas más recurrentes que hemos encontrado están relacionados con el desvió de fondos, cheques sin soportes, compras y contrataciones grado a grado, los contratos del manejo y recogido de la basura, obras pagadas y no ejecutadas, incremento de sueldos en beneficio propio, venta de espacios sin la aprobación de los regidores, asignación de botellas, entre otras violaciones e irregularidades.

Finalmente la FJT, somete a la consideración del país las propuestas y recomendaciones siguientes:

1. Reorientar las funciones y facultades de la Liga Municipal Dominicana a la de un órgano eminentemente técnico, como lo dispone su ley, para que se concrete a dar asesoría técnica a los ayuntamientos, y en tal sentido avocarse a profundizar su rol auxiliándoles en la coordinación, planificación y seguimiento, para la capacitación en las áreas administrativa, jurídica y contable, del personal municipal.

2. Procurar un acercamiento entre la Liga Municipal Dominicana y FEDOMU, a los fines de aunar esfuerzos en la asistencia y seguimiento de las labores administrativas y educativas de los cabildos.

3. Implementar las recomendaciones de la Federación Dominicana de Municipios, en cuanto a la instalación y equipamiento de unidades de investigación y estadísticas municipales.

4. Es necesario dar paso a un sistema de contratación de personal en el que los poderes particulares de los alcaldes locales carezcan de la influencia actual, en tal sentido limitando su poder de designación de personal.

5. Es necesario igualmente, crear un sistema de supervisión de la gestión municipal que permita detectar irregularidades en el ejercicio administrativo, antes de que finalicen los periodos anualizados.

6. Las Comisiones de Ética y de Integridad pueden cumplir un papel importante en cuanto a la promoción de las mejores prácticas  administrativas, apuntalando las gestiones locales.

7. Resulta prioritaria la capacitación que la Dirección General de Presupuesto puede implementar en los ayuntamientos, para que se logre comprender la necesidad de todo el tema de ejecución presupuestaria.

 8. En este sentido, el depósito de la información financiera municipal debe constar en un formato uniforme y en un repositorio único. Al respecto, la propuesta del desaparecido CONARE acerca del Sistema Integrado de Finanzas Municipales, sería una herramienta clave para la transparencia del sector.

9. En fin resulta prioritario impulsar gestiones administrativas comprometidas con la información pública, en las que se indiquen oportunamente a todos los interesados los datos referentes a la gestión económica de los ayuntamientos.

10. Urge modificar el contenido de la Ley 176-07, adecuándola a la realidad dominicana, flexibilizando los estrictos y de difícil cumplimiento porcentajes, que como premisa general no toman en consideración las particularidades propias de comunidades alejadas y de escasas posibilidades y capacidades técnicas.

No hay comentarios

Deja un comentario...