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Rose Mary Santana

Especial/Caribbean Digital

Según la SIP, funcionarios de la Alcaldía del Libertador en Venezuela, habrían ocupado el taller de impresión del periódico El Nuevo País y la Revista Zeta, sin previa presentación de una orden judicial.

Miami, Fl.—La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) repudió enérgicamente el grave atentado a la libertad de prensa que representó la ocupación y el bloqueo de un taller de impresión y depósito de papel periódico de un diario venezolano en la ciudad de Caracas, el que según afirmaron, “fue ejecutado sin una orden oficial por parte de las autoridades”.

En un documento enviado a quien suscribe, Gonzalo Marroquín, presidente de la SIP, expresó que “nada justifica el intento de censura de la que fue víctima El Nuevo País y Zeta” argumentando que seguramente debe haber “locales mejor acondicionados y más salubres para atender las necesidades de una familia, que un galpón que alberga maquinaria, tinta y químicos para imprimir periódicos”.

Marroquín, presidente del diario guatemalteco Siglo 21, agregó además que “es muy sospechoso el carácter del incidente, si se tiene en cuenta la sensibilidad del gobierno cada vez que se denuncian y publican materiales críticos a la acción de gobierno”.

El Nuevo País viene reproduciendo en estos días notas del diario alemán Die Welt, sobre la firma de un acuerdo secreto del gobierno venezolano con su contraparte iraní para la construcción en Venezuela de una base de misiles balísticos, según declara la Sociedad Interamericana de Prensa, con sede en Miami.

Comisión Libertad de Prensa

En relación al hecho, se pronunció también, Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director editorial del San Antonio Express-News, quien indicó que “la limitación a la impresión, distribución o divulgación de las noticias, es un grave atentado a la libertad de prensa” y es un equivalente a “la censura previa que no tiene cabida en la Constitución de Venezuela ni en tratados internacionales”.

Como ocurrieron los hechos

Conforme al documento de protesta ante el hecho, la SIP indica que funcionarios de la Alcaldía del Libertador, municipio de Caracas, bajo las órdenes de su alcalde Jorge Rodríguez, tomaron posesión el miércoles 18 de mayo de un almacén del periódico El Nuevo País y la revista Zeta donde opera una de sus imprentas y sirve de depósito de papel periódico.

El operativo fue ejecutado sin orden oficial alguna por parte de Fundacaracas, dependencia adscrita a la alcaldía, y apoyado por la policía de Caracas. Unas 25 personas, motorizadas y en camionetas de la policía, ingresaron violentamente al lugar, que es utilizado para imprimir el periódico los fines de semana, rompiendo candados y dañando el portón de acceso al predio, cita el referido documento.

La vicepresidente ejecutiva de ese grupo editorial, Graciela Requena, consultada por la SIP, señaló que los empleados de la alcaldía y los policías le explicaron, en primera instancia, que se trataba de una expropiación. Pasadas las horas, tras altercados y forcejeos, cambiaron la justificación del incidente, informándole que cumplían órdenes que emanaban de un decreto del alcalde, para dar albergue temporal a damnificados, afectados por los temporales climáticos. En ningún caso mostraron documentación alguna.

Durante la ocupación del local, que duró por varias horas hasta la noche de este miércoles, un grupo de instigadores cortó y bloqueó el acceso en las calles adyacentes, no permitiendo el acceso al predio, así como el paso de periodistas de otros medios de comunicación que cubrían la noticia. Finalmente, la presión cedió y los ocupantes se retiraron. El periódico circuló este jueves, pero fue impreso en otra planta de impresión habilitada para los días de semana.

Esta es la segunda invasión en lo que va del año de la sala de rotativas de El Nuevo País. El 13 de enero pasado hubo otro intento infructuoso de invasión de propiedad privada por parte de la Alcaldía. En febrero pasado, el diario denunció ante el Bloque Venezolano de Prensa y la SIP, ser víctima de un robo en su sala de rotativas, de donde desaparecieron piezas esenciales, lo que dificultó la impresión de su edición.

Los propietarios del periódico, Rafael Poleo y su hija la periodista Patricia Poleo, están asilados en Estados Unidos, debido a la persecución política en su país, donde están sometidos a procesos judiciales.

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