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Sede del Palacio de Justicia de Santiago.

Redacción/Caribbean Digital

SANTIAGO, República Dominicana.- Seis meses, aproximadamente, han transcurrido en silencio desde que la Cámara Penal de la Corte de Apelación de este distrito judicial, varió la medida de coerción de ocho meses de prisión preventiva, contra tres implicados en un supuesto desfalco de más de RD$100 millones en las oficinas de Aduanas, el cual  llamó la atención pública por las implicaciones de hijos y relacionados de funcionarios del gobierno.

Sede Fiscalía de Santiago.

Aunque para la opinión pública el caso parece que está cerrado, la procuradora fiscal Yeni Berenice Reynoso dijo, sin ofrecer muchos detalles, que está bajo un proceso de investigación.

“Investigación está haciendo el acto conclusivo”, afirmó este lunes la representante del Ministerio Público, al ser cuestionada en los pasillos del Palacio de Justicia.

A los imputados en el presunto desfalco, Miguel Ángel Lazala, Gerald Estévez Peña y Adalberto Rosa Rosario,  hijo del diputado Adalberto Rosa, la jueza Tribunal de Atención Permanente, Agueda García dictó ocho meses de prisión preventiva, el 29 de julio de 2010.

Al ofrecer la información  sobre la sentencia, la fiscal Yeni Berenice Reynoso dijo que la jueza García acogió la solicitud del Ministerio Público y tomó la decisión por entender que “los hechos cometidos por los imputados son sumamente graves y que hubo asociación de malhechores  para cometer delitos de mucha gravedad en perjuicio del Estado dominicano”.

Manifestó que las pruebas  presentadas fueron  más de 80, desde materiales documentales hasta testimoniales, las cuales fueron valoradas por la jueza.

“Todo el que tenga responsabilidad en el caso y el Ministerio Público encuentre pruebas que requiere el Código Procesal Penal será procesado”, afirmó la fiscal en esa oportunidad.

Sin embargo, un mes después aproximadamente, del tribunal imponer 8 meses de prisión preventiva a los imputados,  el 24 de agosto de 2010, la Cámara Penal de la Corte de Apelación varió esa  medida de coerción por una garantía  económica de RD$2 millones, impedimento de salida y presentación periódica.

La Procuraduría de la Corte de Apelación y la Dirección General de Aduanas habían solicitado variar la medida de la prisión preventiva, alegando que se trató de un delito económico.

De acuerdo con la sentencia, el Ministerio Público pidió variar la coerción preventiva, con el alegato de que en primer grado se conoció muy rápido, y no se justificaba, porque según afirma, se trata de un caso de evasión de impuestos, de un delito económico.

En tanto,  Aduanas  refutó ese planteamiento, pero luego de forma “sorpresiva e ilógica”, dice la sentencia,  sugirió a la Corte que dejara en libertad a los tres imputados, al adherirse al Ministerio Público.

La fiscal Reynoso advirtió que otros implicados en el caso como evasores, con el tiempo las investigaciones se encargarán de ellos. Aún se está en espera.

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