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Regidor Papito Cruz.

Pedro Jiménez

Redacción/Caribbean Digital

Santiago, RD.- El regidor Rafael  (Papito) Cruz, del Partido Reformista Social Cristiano, afirmó que el Proyecto de Resolución sobre Contrato de Servicios para la administración de los Solares Municipales, aprobado por el Concejo de Regidores en la pasada sesión de la Sala Capitular , es nulo de nulidad absoluta, porque violenta todos los procedimientos establecidos en la ley 176-07,  del Distrito Nacional y los Municipios.

Regidor Papito Cruz.

El legislador municipal considera que tras el rechazo de dicho proyecto en una pasada sesión “el mismo no  debió reintroducirse como nuevo, ya que el plazo para la presentación del  recurso de reconsideración  por parte del interesado había perimido, por lo que el proyecto quedaba sobre la mesa y  no debió ser objeto de una nueva discusión”.

Explicó que rechaza dicho contrato por considerarlo violatorio a la ley municipal tras advertir varios aspectos legales que lo hacen irregular, entre los cuales citó que “el mismo no puede estar aprobado sobre la base de una renovación automática o tácita reconducción¨.

Cruz añadió que ¨al estar en juego bienes públicos, debe renovarse sujeto a discusión entre las partes, esto obliga a una denuncia previa del vencimiento que debe establecerse en dicho contrato”.

Dijo que el contrato establece valores como recompensa por los servicios contratados a la Empresa NP Inmobiliaria, S.A., que varían entre un 10  a un 15% por concepto de incrementos de la recaudaciones “pero no establece los honorarios variables, sobre todo si hay descenso en el pago o déficit en el cobro de los impuestos, es decir si el cobro de los tributos desciende a partir de la entrada en vigencia del amañado contrato ¿Cuál sería la penalidad para la empresa contratada?.”

Indicó que tras la aprobación de dicha resolución municipal, la ley deja abierta las vías de los recursos que los interesados, tanto regidores como ciudadanos, consideren interponer.

Entre estas figura, según el edil reformista, la revisión, reconsideración o impugnación, con la finalidad de que se conozcan las irregularidades en el procedimiento utilizado para la aprobación del mismo y proceder a rechazar el referido proyecto que atenta contra el estado de tranquilidad de los poseedores legales de bienes inmuebles municipales.

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