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Santo Domingo.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) rechazó las pretensiones de la Suprema Corte de Justicia de controlar todo lo relativo al acceso del ejercicio de la abogacía en la República Dominicana, toda vez que seriamos la única parte en el mundo donde el estamento judicial es dueño amo y señor no solamente de los jueces, sino también de los notarios, los alguaciles y los interpretes judiciales; además tuvo el control de la defensa pública, en un claro conflicto de intereses, y ahora también la posibilidad de manejar mediante un proyecto ley a todos los abogados del país, incluyendo como tales a los miembros del Ministerio Público y a los integrantes de las Altas Cortes en sus respectivas calidades de abogados.
La entidad de sociedad civil considera inaceptable el que la Suprema Corte de Justicia tenga el monopolio de todos los actores del sistema de administración de justicia, lo que sin dudas sería una clara violación al espíritu y a los principios constitucionales.
El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, calificó el proyecto de ley para reglamentar el ejercicio profesional del derecho como absurdo, peligroso e inconstitucional, conculcando los derechos de los recién graduados, al establecer que solo podrán acceder al ejercicio de la abogacía luego de haber transcurrido dos años y la aprobación de un examen inicial, seguido de otros exámenes cada cinco años, requisitos además extensivos a todos los abogados del país, y por demás necesarios e indispensables para mantener la condición de abogados, esto así en manos de un jurado examinador compuesto mayoritariamente por miembros del Poder Judicial.
Otro aspecto perturbador e inconstitucional del proyecto es la facultad que le acuerda el mismo al Poder Judicial, para que con carácter exclusivo este juzgue todo lo relativo a las sanciones disciplinarias, en coordinación con el Ministerio Público como acusador de los abogados, en temas que no entrañan penas de carácter criminal, funciones que no aparecen en la constitución ni para el Poder Judicial y mucho menos para el Ministerio Público.
La FJT llamó la atención de los legisladores para que declaren irresibible el proyecto de la suprema, puesto que la misma no tiene facultad constitucional, ni iniciativa legislativa en esa materia, por tratarse de abogados y no de jueces como le acuerda el artículo 96 de la constitución, al limitarla exclusivamente para asuntos judiciales.
Justicia y Transparencia entiende que en el país hay un problema sistémico en el ámbito educativo, responsabilidad exclusiva del estado y en menor medida de las universidades que son la que están llamadas a preparar un profesional con la suficiente capacidad para ostentar la titulación de derecho. No obstante, Potentini reconoció la importancia de reglamentar la carrera de derecho y su ejercicio.
Asimismo la FJT consideró el momento como oportuno para consensuar y unificar una ley de abogados que sustituya la recién declarada inconstitucional ley 91 que instituyó el Colegio de Abogados de la Rep. Dominicana, contemplando en la misma el financiamiento para las 35 seccionales del gremio, el tema ético y deontológico del abogado en el ejercicio de sus funciones, deslindando la capacidad disciplinaria del Colegio de Abogados (CARD), así como los mecanismo internos y de control que fortalezcan de cara a la abogacía dominicana, la rendición de cuentas y el manejo pulcro de los recursos del CARD.
El vocero de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini anuncio la integración de una comisión de juristas, compuesta por Julio Cury, Marte Piantini, Jose Miguel Minier, Blas Minaya Nolasco y Ramón Vásquez, para trabajar en la unificación y redacción de un anteproyecto de ley sobre abogados, contentivo de los últimos avances y tendencia del derecho.
Finalmente la FJT anuncio la celebración de la semana aniversario del abogado con diversa actividades académicas, tales como la apertura de un diplomado en derecho notarial en coordinación con el Instituto Dominicano de Derecho Notarial (INDONOTA) y la celebración de dos conferencias, la primera para el jueves 6 a cargo de Beatriz Arenas, experta internacional en materia de lavado de activos y la segunda el viernes 7 con el jurista Julio Cury, para analizar el proyecto de la suprema sobre el control de la abogacía, todo ello en coordinación con el Colegio Dominicano de Notarios, también un cocktail para festejar la semana del abogado y la inauguración del nuevo salón de eventos de la entidad. Estas declaraciones fueron ofrecidas en rueda de prensa de la Fundación, en ocasión de celebrarse hoy tres (3) de febrero el día nacional del abogado, la cual estuvo encabezada por varios de sus directivos.