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María Victoria Menicucci. Archivo

Servicios/Caribbean Digital

Al parecer existen funcionarios que han hecho, están haciendo o piensan hacer lo indebido con los fondos públicos, esta es la única razón que pudiera explicar la pretendida modificación al Código Procesal Penal, mediante la cual se busca eliminar el derecho de los ciudadanos para querellarse en contra de los funcionarios públicos, según la modificación del art. 85 del proyecto en curso.

María Victoria Menicucci. Archivo
María Victoria Menicucci. Archivo

En estos términos se expresa una nota emitida al respecto por la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, al tiempo que exhorta a todas las instituciones y voces individuales a dejar saber su rechazo al pretendido proyecto. Señala además que una acción de este tipo tendría un efecto devastador en la inversión extranjera y en la local también.

Dice la nota de la institución que constituye una aberración al estado de derecho, que se piense en eliminar la potestad se accionar la justicia ante un agravio particular o general que tienen todos y cada uno de los ciudadanos. Este derecho es, precisamente, la salvaguarda de todos los sistemas jurídicos del mundo.

“Es insensato, ilógico, erróneo, carente de seriedad y vergüenza un planteamiento en este sentido ya que constituye una licencia legitimada a la impunidad”, dice la nota, y continúa preguntando “cómo se pretende alcanzar mejores niveles de desarrollo y de inversión extranjera con un privilegio irritante como el pretendido”.

La institución empresarial se mostró confiada en que la conciencia y la sensatez del Presidente le indicarán el camino correcto, que es solamente el rechazo al fomento de la impunidad de los funcionarios públicos. Hablar de ‘evitar la impunidad’ como dice el proyecto, y entre las propuestas ‘fomentar la misma’ constituye un monumento a la ignorancia de los dominicanos.

En las legislaciones y tratados internacionales pueden encontrarse limitadas excepciones dirigidas a la extradición de funcionarios y congresistas de otros países, pero nunca para los propios. En ese orden destaca que “no puede existir diferencia en el trato, que ante la justicia, debe recibir un legislador, un funcionario o un ciudadano común”.

 

En términos similares a los expresados, se han manifestado públicamente  todos los sectores democráticos, sociales, religiosos y empresariales del país, que apegados al mínimo principio de seguridad jurídica y estado de derecho, aspiran a eliminar la corrupción y reducir la brecha en la distribución de riqueza. Finalmente se pregunta, cómo se pretende que los ciudadanos paguen más impuestos, se expanda el sector empresarial y la inversión extranjera, con medidas de este tipo, así termina la nota de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago.

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