SANTO DOMINGO. Luego de un misterioso allanamiento y posterior cierre de tres clínicas privadas de la Zona Oriental por parte de la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo la noche del miércoles, los centros de salud han quedado nueva vez abiertos al público sin que se hayan ofrecido detalles sobre las causas iniciales que motivaron la clausura.
De acuerdo con la dirección de Prensa y Comunicaciones de la Procuraduría General de la República, la investigación llevada a cabo a través de la Fiscalía de la provincia a tres de las clínicas del Grupo de Clínica Integral “ha culminado”.
A través de la cuenta de Twitter, la Procuraduría dio a conocer que “por parte del MP (Ministerio Público), queda sin efecto el cierre momentáneo de los recintos de dicho grupo que fueron intervenidos”.
Se trata de las clínicas Integral I, ubicada en la avenida Sabana Larga; Integral II, establecida en Hainamosa, y el Centro Oncológico Integral o Clínica del Dolor (Oncosalud), en la avenida España, en Villa Duarte.
A su vez, Salud Pública emitió un comunicado en su portal web en el que informa que las referidas clínicas “pueden continuar brindando servicios”.
Indica que la decisión fue tomada a partir de que el Ministerio Público ha dado por concluidos los trabajos que realizaba en dichos establecimientos de salud.
“Ahora ellos deben cumplir los procesos correspondientes en el orden de la habilitación”, sugirió Salud Pública, en su escueto comunicado, que tampoco da cuenta sobre los motivos del cierre.
Pese a lo informado por ambas autoridades, en horas de la tarde de ayer fueron intercambiados los letreros de cierre colocados por la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo por unos del Ministerio de Salud Pública en los que se explicaba que los establecimientos permanecerían cerrados por violación a la Ley General de Salud 42-01 y que estaban bajo la competencia de la Dirección General de Habilitación y Acreditación de esa dependencia estatal.
Además, los tres Centros del Grupo Integral aún no admitían consultas y estaban bajo la custodia de agentes de la Policía Nacional apostados en las puertas de acceso.
De acuerdo con Jhon Garrido, abogado de la Integral I, la orden que obtuvo el Ministerio Público para hacer las requisas estuvo amparada en la violación al Código Penal, el Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ley de Lavado de Activos y la ley del Ministerio de Salud Pública.
Explicó que el retiro de los letreros de clausura colocados por la Fiscalía fueron se produjo pasado el mediodía de ayer.
Varias son las conjeturas que se tejen entorno al cierre de las clínicas, el tráfico de órganos, el hallazgo de una osamenta y la desaparición hace más de un año de la niña Carla Massiel.
La Procuraduría aseguró que “cuando el debido proceso de la investigación lo permita, se ofrecerán las informaciones al respecto”.