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Gustavo Petro

Caribbean Digital

BOGOTÁ, Colombia, (AP).— La Procuraduría General destituyó el lunes al alcalde de Bogotá Gustavo Petro, el segundo funcionario de elección popular más importante de Colombia después del presidente de la República, y lo inhabilitó para ejercer funciones públicas por 15 años, informó el procurador Alejandro Ordóñez, medida que Petro calificó como un golpe de estado al gobierno capitalino.

Gustavo Petro
Gustavo Petro

Más tarde Petro invitó por la red social “a toda la ciudadanía democrática movilizarse en Bogotá y en el país” y que se congregaran en la céntrica Plaza de Bolívar de Bogotá, donde está la sede de la alcaldía capitalina.

Ya varios cientos de personas se congregaban en la Plaza de Bolívar con pitos y pancartas en apoyo al alcalde, según un fotógrafo de la AP en esa zona.

Desde su cuenta de Twitter, el alcalde dijo: “Le pido al mundo solidaridad. Estamos ante un golpe de Estado sobre el gobierno progresista en la ciudad de Bogotá”.

La Procuraduría “impuso como sanción al señor Gustavo Francisco Petro Urrego…la destitución del cargo y la inhabilidad general por el término de 15 años para ejercer funciones públicas”, dijo el procurador Ordóñez.

La sanción fue impuesta por “falta gravísima” en el caso sobre un cambio en el sistema de recolección de basuras de la ciudad —de ocho millones de habitantes— en diciembre del año pasado, dijo el Procurador.

“Específicamente se demostró… (que) se vulneraron los principios constitucionales de libre empresa y competencia” con la decisión del alcalde, dijo Ordóñez.

Por tres días la ciudad estuvo regada de bolsas de basura y se dejaron de recoger entre 6.000 a 9.000 toneladas de basura, dijo el Procurador.

Petro “sabía que sus decisiones eran irregularidades” y que “vulneraron principios constitucionales de libre empresa y competencia”, añadió Ordóñez, visto como un funcionario conservador y muy criticado en los medios de prensa por decisiones y declaraciones para oponerse en temas como las uniones de parejas del mismo sexo y el aborto.

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos manifestó en un comunicado por internet que “respeta la decisión de la Procuraduría General de la Nación, así como los recursos que a bien tenga interponer y a los que tiene derecho el señor Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro”.

La decisión puede ser apelada ante el propio despacho del Procurador, quien irónicamente fue elegido para el cargo en 2008 con el apoyo de Petro, en aquel entonces senador.

Ordóñez no indicó si la destitución era inmediata, pero el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry indicó en diálogo telefónico que el alcalde seguirá despachando desde la Alcaldía hasta tanto la decisión quede “en firme” o que el fallo de la Procuraduría sea ratificado, lo que puede demorar varias semanas, opinión en que coinciden otros constitucionalistas.

Tampoco quedó en claro de inmediato qué sucederá en caso la decisión sea ratificada y Petro deba salir del cargo.    Pero legisladores, concejales de Bogotá y ex funcionarios explicaron a la AP en entrevista telefónica que si la Procuraduría ratifica la destitución, entonces el presidente Juan Manuel Santos debe designar a un encargado.

Luego, en un lapso de dos meses, contados a partir de la ratificación, Bogotá acudiría nuevamente a elecciones para elegir un nuevo alcalde.    La decisión del Procurador “es dura… (pero) espero que el señor alcalde sea un demócrata” y la acate, dijo Juan Carlos Flórez, del partido Alianza Social Independiente, y uno de los 45 miembros del Concejo de Bogotá.

“Uno no puede agarrar a patadas la ley cuando no le conviene”, añadió Flórez, uno de los mayores críticos de la gestión de Petro, cuyos niveles de popularidad oscilan entre 25% a 35%, según diversas encuestas.

A Petro lo han criticado por la gestión sobre temas tan susceptibles como la movilidad, la seguridad y el desempleo.

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