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La Procuraduría General de la República (PGR) se defendió este martes y afirmó que todas las interceptaciones telefónicas que realiza son bajo estricto apego a la ley, autorizadas por los jueces competentes y recordó que representan un valioso medio de prueba habitual en su misión de persecución del delito.
La PGR dice en una nota de prensa que durante la investigación del caso Odebrecht se realizaron decenas de solicitudes de órdenes judiciales de interceptación a número telefónicos de diversas personas vinculadas a los imputados y que en este proceso fueron investigadas decenas de personas.
Según la explicación de la Procuraduría “debido a que los imputados del caso Odebrecht han hecho de público conocimiento documentos confidenciales que forman parte del expediente instrumentado por el Ministerio Público y depositado ante la Suprema Corte de Justicia, es oportuno aclarar a la ciudadanía una vez más, que la solicitud y autorización de interceptación telefónica de un juez no significa ni que se haya ejecutado, ni que las personas propietarias de dichos números estén involucrados penalmente en el caso”.
La Procuraduría General de la República confirmó que todos y cada uno de los teléfonos interceptados pertenecen a los imputados o a personas vinculadas a los mismos, ya sea por familiaridad, sociedad, vínculos cercanos, alto tráfico de llamadas o porque durante el período de investigación prestaban estos teléfonos a los imputados, siendo este el caso de varios de los números que han salido a la luz pública.
Aprovecharon para hacer un llamado a la población “de no dejarse confundir con falsas teorías de espionaje”, ya que las interceptaciones telefónicas han sido realizadas con la debida autorización de un juez.
La Procuraduría General de la República recordó que Odebrecht es el caso más grande de corrupción en toda la historia del país, ameritando agotar todas las técnicas legales de investigación, “y que fruto de una exhaustiva y minuciosa investigación llevada a cabo por el Ministerio Público, hoy se puede contar con un expediente con más de 1,700 pruebas que comprometen la responsabilidad penal de siete imputados”.