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El presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas,
expuso este domingo que los sostenidos aumentos de precios de los
hidrocarburos se hacen insostenibles para los consumidores y las
empresas, por lo que demandó del gobernante Partido de la Liberación
Dominicana usar su mayoría congresual para respaldar una modificación
urgente a la Ley de Hidrocarburos.
Vargas expuso que la modificación a la Ley 112-2000 podría contemplar
que una parte de los beneficios que recibe el país por el acuerdo de
Petrocaribe, sean destinados a atenuar los aumentos de precios de los
hidrocarburos.
Otros mecanismos podrían destinarse a ese propósito, incluyendo
reducir los montos de los impuestos a los combustibles que son
destinados al pago de la deuda externa, y buscarlos de otra fuente que
no esté tan directamente relacionada con el aumento de precios de los
derivados del petróleo.
El presidente del PRD recuerda que ya existe un proyecto de ley
orientado a modificar la Ley de Hidrocarburos, pero que la falta de
voluntad política y de sensibilidad social de la mayoría congresual
peledeísta, no ha permitido su aprobación.
Vargas advierte que siendo el petróleo una fuente de energía no
renovable, que se agota en la medida de su alto consumo, es lógico que
sus precios tiendan a subir.
Y advierte además que como los derivados del petróleo son usados de
manera intensiva en la generación de energía eléctrica, el transporte
público y otras necesidades, el aumento de sus precios repercute en la
producción económica, el comercio y en múltiples servicios de la vida
cotidiana de la gente, impactando en el alto costo de la vida.
Vargas dice plantear la modificación de la Ley de Hidrocarburos
porque el liderazgo perredeísta está enfocado en la solución de los
problemas de la población, lo cual lo llevó a proponer en diciembre la
necesidad de que el gobierno y la sociedad pacten un acuerdo en favor
de la seguridad ciudadana.
Dijo que otros problemas de alto interés social en cuya atención el
PRD insiste es en las amenazas que acechan la adecuada implementación
de los sistemas de salud y seguridad social y en la adecuada inversión
del 4 por ciento del PIB en el financiamiento de la transformación
cualitativa del sistema de educación preescolar.