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La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) en rueda de prensa al fijar posición sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que fija y aclara los criterios para acceder a la nacionalidad dominicana, pidió en aras de la institucionalidad, el respetar y acatar las disposiciones del Tribunal Constitucional, en razón de que se trata de la única entidad Estatal facultada constitucionalmente para dictar sentencias con valor vinculantes para todos los Poderes Públicos, todo ello en atención al artículo 184 de la Constitución Dominicana.
El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, cree que no es momento de rasgarse las vestiduras y que independientemente del acuerdo o desacuerdo que tengamos con la sentencia del Tribunal Constitucional, lo cierto es que debemos respetar y preservar la institucionalidad y en consecuencia observar y cumplir con el precedente vinculante del Tribunal Constitucional.
En tal sentido la entidad de sociedad civil cree oportuno el avocarse conforme a los dictados de la sentencia, a procurar y viabilizar los correctivos que permitan garantizar y reconocer los Derechos Humanos de los dominicanos y extranjeros, concretando un plan nacional de regularización que permita una solución satisfactoria para todos los involucrados.
Justicia y Transparencia tras reconocer el drama humano que supone corregir el problema migratorio de la República Dominicana, con profundos vicios y una marcada desatención por parte del Estado durante décadas, propuso el modificar y habilitar de urgencia la ley 1683 sobre naturalización para dar repuesta de manera focalizada a los miles de casos de personas, que han sembrado raíces por décadas en el país, además de estar provistos de documentos que le dan la presunción de nacionales dominicanos, entre otros requerimientos a considerar.
Asimismo la entidad informo que trabaja en la elaboración de un anteproyecto de ley para ser depositado la próxima semana en el Congreso Nacional, contentivo de la modificación de la ley no. 1683 sobre naturalización del 16 de abril de 1948, a los fines de flexibilizar los requisitos y procedimientos necesarios para obtener la nacionalidad por la vía de la naturalización ordinaria y sin ningún costo para quienes apliquen en el marco de la nueva realidad constitucional al amparo de la sentencia referida.
La modificación incluiría una mención expresa sobre su alcance y ámbito de competencia referido exclusivamente para el periodo y los casos enmarcados en la vigencia del plan nacional de regularización, involucrando con parámetros claramente definidos a las autoridades responsables de ejecutar dicho plan (Poder Ejecutivo, (Ministerio de Interior y Policía, Dirección General de Migración, Junta Central Electoral y Tribunales de la República, estos últimos para casos muy puntuales y excepcionales), siempre trabajando en estrecha colaboración y coordinación.
Finalmente la fundación rechazó la posibilidad de una ley de amnistía para resolver el problema de las personas que quedan con documentos cuestionados al tenor de las disposiciones del Tribunal Constitucional, toda vez que una ley de amnistía por sus efectos y características operaría de manera general, al margen incluso de la propia legalidad o legitimidad, deviniendo así en violatoria a la constitución y a la propia sentencia del Tribunal Constitucional. De ahí que reiteramos como salida salomónica la modificación de la ley sobre naturalización para dotar en el menor tiempo posible a aquellas personas que se encuentren en problemas con su documentación.