NUEVA YORK. Dos catedráticas de derechos humanos en la Escuela de Leyes de la Universidad Berkeley, en California pidieron excluir a la República Dominicana de importantes foros internacionales, a fin de presionar para evitar las deportaciones de «apátridas», como llaman a los hijos de haitianos nacidos en suelo dominicano «a los que se les ha negado la nacionalidad».
Roxanna Alholtz y Lauren E. Fletcher, catedráticas de de la Universidad Berkeley en California. Foto: Fuente externa.
Las doctoras Roxanna Alholtz y Lauren E. Fletcher expresaron sus consideraciones en un artículo publicado el pasado domingo en el New York Times, en el que manifiestan que «la República Dominicana debe poner un alto a las redadas esporádicas y expulsiones sumarias».
Revelaron que Estados Unidos entregó $30 millones de dólares al gobierno del presidente Leonel Fernández en 2012 para contribuir a detener una crisis humanitaria en Haití.
«Una crisis de derechos humanos se está desarrollando en la isla de La Española, compartida por la República Dominicana y Haití», agregan las profesoras universitarias, quienes sugieren que al país se le excluya de foros como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.
Dicen que «la República Dominicana está amenazando con expulsar a cientos de miles de haitianos que viven y trabajan en la República Dominicana. Muchos de ellos llegaron a trabajar en la industria azucarera, la construcción y el turismo».
«Pero hasta ahora, a menos del 2 % de los inmigrantes haitianos se les ha concedido estatus legal. Aunque la amenaza del país con deportar a los haitianos en masa aún no se ha materializado, muchos trabajadores ya han huido a Haití; la República Dominicana cuantificó recientemente el número en alrededor de 30,000», indica el artículo.
«Estos migrantes no son los únicos que se enfrentan a un futuro incierto en la República Dominicana. Decenas de miles de ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana, cuyos padres o abuelos habían cruzado la frontera en busca de oportunidades económicas, viven en un limbo legal», expresan.