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Trajano Potentini, presidente de Justicia y Transparencia. Foto de archivo

Servicios/Caribbean Digital

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), por intermedio de su Presidente, Trajano Potentini, reiteró su pedido al Poder Ejecutivo de que intervenga definitivamente el Vertedero de Duquesa, poniéndolo bajo la administración colegiada de la Liga Municipal Dominicana, los Ministerios de Medio Ambiente y Salud Pública y la Federación de Municipios (FEDOMU).

Trajano Potentini, presidente de Justicia y Transparencia.
Trajano Potentini, presidente de Justicia y Transparencia.

Después de haber hecho un primer llamado en este sentido, dijo Potentini, ha empeorado gravemente la situación del Vertedero de Duquesa: el Sr. Alcalde de Santo Domingo Norte, Francisco Fernández, anunció la recontratación sin licitación ni cumplimiento de las normas legales de la misma empresa a la que había excluido del Vertedero por ineficiente y el incumplimiento del contrato, alegando que ahora esa empresa invertiría ¡ciento cincuenta millones de dólares en Duquesa, lo cual equivale a más de seis mil millones de pesos.

La entidad de sociedad civil se mostró preocupada por la falta de transparencia e informaciones y compromiso del estado en una anunciada inversión de más de seis mil millones de pesos en un basurero, sin conocer los planes de sostenibilidad medio ambiental, sus responsabilidades en materia de salud pública, el tema impositivo, sin presentar garantías, sin cumplir las normas de licitación, en violación a varias disposiciones diferentes de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones.

Recordó Potentini que el Art. 199 de la Constitución de la República trata sobre el control social ciudadano, de manera tal que se crea a favor de la ciudadanía el derecho de fiscalizar las actuaciones del Distrito Nacional, los municipios y los distritos municipales.

De acuerdo a Potentini, una inversión de miles de millones de pesos como la que ha anunciado el Alcalde Francisco Fernández no puede realizarse sin que el Congreso Nacional lo apruebe, verifique y hasta fiscalice, y en este caso no se  tiene noticia de que haya sido licitado, ni de que se haya depositado en la Dirección General de Contrataciones ni en otra cualquiera de las instituciones responsables de supervigilar este tipo de operaciones comerciales.

Reclamó la detención inmediata de todas las operaciones y obras tendentes a la explotación económica del Vertedero de Duquesa hasta que se logre determinar cuál es el alcance y propósito real de la referida contratación.

“Francisco Fernández carece de capacidad para comprometer al Estado dominicano de la forma en que lo hace, sin transparencia y en violación de la ley” –dijo Potentini– tal como se dispone en los artículos 211 y siguientes de la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, normas que exigen la gestión directa de los servicios municipales, y en caso de permitir la gestión indirecta, impide textualmente la transferencia de atribuciones que impliquen ejercicio de autoridad. En el caso de LAJUN CORPORATION, esa empresa afirma haber concertado acuerdos con otras empresas, concretando una gestión indirecta ilegal de servicios municipales.

De la misma manera, el Art. 215 de la citada Ley 176-07 exige que las obras municipales consten en planos, con presupuestos de realización y memoria detallada para que quede constancia de cuáles son y de su desarrollo en la práctica. Sin embargo, LAJUN CORPORATION y el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte afirman haber contratado la realización de obras para las cuales, simplemente, carece de autorización.

La FJT exige a las autoridades nacionales, tanto del Gobierno Central como de la Dirección General de Contrataciones Públicas, de la Cámara de Cuentas y de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción comprobar fehacientemente la regularidad, licitud y constitucionalidad del contrato suscrito entre el Ayuntamiento de Santo Domingo y LAJUN CORPORATION.

Finalmente Justicia y Transparencia le recuerda al Estado Dominicano su responsabilidad constitucional de garantizar los derechos fundamentales y en este caso colectivos de las personas (medio ambiente y salud pública), que están siendo afectados con el manejo y explotación del vertedero de duquesa, al tiempo de hacerle un llamado para que con carácter definitivo expropien por razones de interés público el referido vertedero y lo pongan en manos de una administración que responda al interés superior del Estado.

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