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Guillermo Caram.

Guillermo Caram

Especial/Caribbean Digital

SANTO DOMINGO. El pasado 26 de abril, el PRSC, en su primera rueda de prensa de cara al proceso electoral del próximo año, formuló la siguiente propuesta que reviste trascendental importancia para la armónica continuidad dentro del régimen de alternancia democrática que estamos viviendo:

Guillermo Caram.

“…que el Presidente de la República restablezca e institucionalice un mecanismo ……continuo y permanente con los partidos políticos …..con el fin de procurar una agenda mínima de entendimiento inmediato sobre las preocupaciones presentes y futuras manifestadas por  diferentes sectores de nuestra sociedad: Por las iglesias, productores y trabajadores, usuarios y consumidores,  profesionales y pobladores, organizaciones cívicas, etc.

Como ésta propuesta quedó un tanto diluida como consecuencia del tratamiento de temas impuestos por la cotidianidad y las urgencias inmediatas del quehacer nacional, así como por las dudas que hasta ahora habían concitando los planteamientos del liderazgo reformista; consideramos conveniente que sea retomada, mantenida y reforzada; para lo cual coadyuvaría las justificaciones constitucionales y  precedentes siguientes:

1.   Lo propuesto persigue una concertación política, es decir, entre partidos, diferente a la  concertación social que la Constitución vigente encomienda al CONSEJO ECONÓMICO SOCIAL. En efecto, el Capítulo IV de dicha Constitución  establece la Concertación Social bajo competencia del Consejo Económico y Social definida como un “instrumento esencial para…la participación organizada de empleadores, trabajadores y otras organizaciones de la sociedad…”; y define dicho organismo como “órgano consultivo….en materia económica, social y laboral…” (ver Art. 251 de la Constitución).

En otras palabras consigna la concertación social, no la concertación política propuesta por el PRSC. Dada la magnitud de los problemas nacionales, las amenazas provenientes del ámbito internacional y la particularidad de un seguro cambio de gobierno en circunstancias que el actual ha propuesto una estrategia a largo plazo que debe ser sintonizada con las acciones de corto plazo; resulta pertinente la concertación política que inspire y enlace, diligente y responsablemente, el accionar de los que hoy administran la cosa pública con los posibles administradores a partir del agosto del 2012.

2.   La propuesta no constituye una innovación sin precedentes. En el pasado, reciente y remoto, hemos tenido experiencias similares, aun cuando se efectuaban luego de presentarse crisis en lugar del carácter previsor que caracteriza lo ahora propuesto por  el PRSC: La propia Constitución vigente comenzó con  reuniones interpartidarias. El Presidente Fernández convocó los partidos durante su primera gestión de gobierno para resolver la integración de la JCE y la LMD, proponiéndose proseguir reuniones con agendas mas sustantivas que lamentablemente no se materializaron. La crisis electoral de 1994 se resolvió con un Pacto por la Democracia endosado por los partidos mayoritarios concluyendo con reformas constitucionales. Otros  ejemplos mas remotos pudieran ser citados, aunque todos ellos se efectuaron con posterioridad a crisis.

Para que sea exitosa la concertación propuesta en esta ocasión, la iniciativa debe partir, por su carácter  altamente previsor y anticipado, y dado que no está taxativamente prevista en textos sustanciales,  del Presidente de la República. Deberán formar parte partidos políticos gobernantes y opositores. Y acompañarse de una estructuración y procedimiento, con el objetivo de  concluir con una agenda mínima de entendimiento inmediato que establezca acciones al unísono en lo que hay consenso dejando bajo responsabilidad de cada parte los enfoques sobre temas disentidos.

De esta manera el estamento partidario nacional emitiría una señal esperanzadora a una ciudadanía que no percibe un liderazgo político predominante preocupado por la solución de problemas nacionales y previsores del futuro; sino envuelto en diatribas y confrontaciones estériles y en la obtención de beneficios personales que provocan descrédito de organizaciones y conductores responsables de perfeccionar la democracia que estamos viviendo.

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