JOSÉ ALFREDO ESPINAL
SANTIAGO.- Diversas organizaciones feministas y sociales de esta ciudad expresaron este martes preocupación por el silencio que ha mantenido la Iglesia Católica ante los casos de abusos y violaciones sexuales clericales contra menores de edad, denunciados en los últimos años en la región Norte del país, por lo que exigieron que respondan por los acontecimientos.
Criticaron que hasta el momento no se haya respondido a ninguna de las posibles víctimas que han denunciado esos abusos.
“Estamos solicitando un pronunciamiento oficial sobre este tipo de crímenes horribles cometidos por sacerdotes consagrados”, sostuvieron las organizaciones en un documento.
El documento fue firmado por el Núcleo de Apoyo a la Mujer, el movimiento Feministas Hermanas Mirabal, Católicas por el Derecho a la Vida, Coordinadora de Mujeres del Cibao, Casa Abierta, Red Comunitaria Esperanza, Amor y Paz, Mujeres Empoderadas Abriendo Caminos, Alianza Cristiana, Red Comunitaria Juana Campos, y Mondha.
Recordaron casos que tuvieron comienzo de procesos judiciales, pero que en algunos se señalaban francas negociaciones con las autoridades de la justicia y donde aseguran ha habido impunidad, tales como el caso en La Vega, donde una mujer acusó al padre Francisco Batista (Pancho), Superior de la Congregación Salesiana, de haberla violado y procurado aborto cuando ella era menor de edad en los años 1991-1992.
Asimismo, citaron un hecho similar en Constanza, donde al sacerdote Juan Manuel Mota de Jesús (Johnny), varias menores lo acusaron de violarlas sexualmente desde el 2007 al 2010, exonerado por “faltas de pruebas”, pero sancionado como culpable por el Vaticano con la separación de su ministerio.
Las organizaciones también hicieron referencia al padre Alberto Gil, de origen polaco, acusado en el 2013 de violar sexualmente a siete niños, logrando escapar del país, fue formalmente procesado por la Fiscalía en Polonia como culpable. Igualmente, citaron el caso de Bonao, donde el padre Zacarías Cordero Lirianio se le acusó con el 2012 de violar sexualmente a una menor de 15 años, criada por sus abuelos, personas de confianza del sacerdote.
Señalan que Cordero Liriano recibió una medida de coerción de tres meses de prisión preventiva y luego descargada, por insuficiencia de pruebas en los tribunales y también separada por el Vaticano de su ministerio.
También recordaron el caso del padre Miguel Florenzán Ulloa, director del colegio Agustiniano de La Vega, acusado de violar a un menor de edad que lo sometió y otros que no han declarado, entre 2001 y 2015.
Las organizaciones de Santiago dijeron que esas víctimas no han sido resarcidas moral ni pecuniariamente por la Iglesia Católica local, ya que no ha hecho comentarios ni han dado satisfacción alguna a personas, familias y comunidades, que después de esos hechos viven con una eterna angustia y dolor.