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La muerte del joven universitario y dirigente popular Alfredo Gómez Núñez, ocurrió el 12 de octubre del 2010. Foto de archivo.

Servicios/Caribbean Digital

Las organizaciones populares, comunitarias y sociales de los municipios de Licey al Medio y Moca, condenaron la actitud asumida por el procurador fiscal de distrito judicial de Espaillat, al este no haber sometido a la acción de la justicia los autores de la muerte del joven universitario y dirigente popular Alfredo Gómez Núñez, ocurrida el pasado 12 de octubre del 2010.

La muerte del joven universitario y dirigente popular Alfredo Gómez Núñez, ocurrió el 12 de octubre del 2010. Foto de archivo.

“Resulta verdaderamente penoso el hecho que a casi 7 meses del asesinato de Gómez Núñez, todavía las autoridades de la fiscalía de Espaillat no hayan señalado una sola persona por dicho crimen”, preciso Victor Bretón, coordinador Nacional del FALPO.

El dirigente popular precisó que a pesar de contar con las pruebas de balística que señalan a, por lo menos, un agente policial que disparo contra Alfredo Gómez, amén de los diverso testimonios que señalan que la patrulla SWATS, fueron quienes le hicieron los disparos que segaron la vida al joven universitario.

Señaló que parece ser que para el fiscal Jacobo Marchena, la vida de un ciudadano no vale nada cuando se trata de los hijos del pueblo, y que los asesinos, cuando son policías, no pueden ser perseguidos.

“En sus respectivos interrogatorios, los agentes miembros de la patrulla SWATS declararon que ‘’ninguno de ellos había disparado’’. Sin embargo, según el certificado de análisis forense de fecha 18 de Octubre del año 2010, emitido por la sección de balística de la policía científica, los casquillos de por lo menos una de las armas de los miembros del equipo SWATS fue disparada en el lugar donde resulto muerto Alfredo Gómez”. Indicó Bretón

Puntualizo que esos casquillos fueron recogidos en la escena del crimen por la comisión de la policía y la fiscalía que investigo el caso.

Afirmó que el  arma que utilizaron para asesinar al joven universitario fue  un fusil marca SHEE, calibre 7.62mm, número de serie 14536, según nuestras investigaciones y que la portaba el Raso Carlos Espinal Quezada, de la policía Nacional (PN).

Aseguró que esa información esta al tanto,  la comisión investigadora, la policía y la fiscalía de del municipio de Moca, al tiempo de acusar al fiscal Jacobo Marchena de estar  ocultando para que no se haga justicia.

Asimismo, considero como vergonzoso que la fiscalía de Espaillat se esté prestando al juego de la policía de no recibir los testimonios de varios heridos que señalan al sargento mayor Jorge Espinales de los Santos, alias “come arroz”, como la persona que intento quitarle la vida a ellos, propinándole solo a uno de ellos 8 disparos.

También acusaron al fiscal de distrito municipal de Moca de negarse a recoger evidencia forense depositada en un centro de salud de Santiago, las cuales les fueron extraídas a uno de los heridos.

“Alertamos a la opinión pública nacional e internacional que llevaremos este caso hasta las últimas consecuencias, en el escenario legal y en de la lucha popular porqué no estamos dispuestos a permitir que se siga atropellando nuestra población”, advirtió Bretón .

Sostuvo que las organizaciones populares están dispuestas a seguir sacrificando sus vidas y libertad, ya que saben que corren el riesgo de ser encarcelados o asesinados cuando exigen el derecho de la población.

La comunicación fue rubricada por el Frente de Lucha Unidad y Progreso (FLUP), Comité Unidos Para Vencer (CUPAVE) y Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO).

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