La irrupción del Movimiento Verde en el escenario político nacional y la masiva manifestación convocada el pasado domingo no debe verse de forma aislada, sino como la última expresión de un proceso más amplio, que viene creciendo y que pone de manifiesto que una proporción cada vez más grande de la ciudadanía se está expresando directamente sobre los asuntos públicos que considera de alto interés, y que está dispuesta a hacerlo más allá de los canales institucionales establecidos, en la medida en que éstos se constituyan en un obstáculo para que su voz sea escuchada.
La cementera de Los Haitises, Loma Miranda y el 4%
La movilización en 2009 en rechazo a la instalación de una fábrica de cemento en el municipio de Gonzalo, cerca de los límites del Parque Nacional Los Haitises, fue quizás la primera de esas expresiones. Esta obligó al Ejecutivo a hacer una consulta técnica sobre la pertinencia de ese proyecto. El resultado fue una recomendación de no autorizar la iniciativa, lo cual energizó al movimiento ambientalista.
Posteriormente, en 2014, la movilización por la protección del medioambiente volvió a tomar fuerza, esta vez en procura de detener la explotación de Loma Miranda por parte de FALCONDO, causa que se transformó posteriormente en una demanda por convertir ese territorio en parque nacional. Más que en las calles, la movilización se dio a través de los medios, las redes sociales y otros espacios, y aunque el Presidente observó la ley que lo declaraba parque nacional, el hecho de que no se haya autorizado las actividades mineras allí representó un triunfo de esa movilización. Desde ese momento, ha quedado claro que los estándares ambientales que la sociedad está demandando de los proyectos mineros, en especial de minería metálica y cielo abierto, son mucho más altos, y que éstos se enfrentarán a un severo escrutinio público.
Por otra parte, desde 2011 sino desde antes, una coalición diversa coordinó una movilización en procura de incrementar significativamente el financiamiento público a la educación pre-universitaria. Esta fue la lucha por lograr el famoso 4% del PIB para educación. Gradualmente se fue forjando un sólido consenso que terminó obligando a los partidos políticos que competían en las elecciones de 2012 a comprometerse con esa meta de financiamiento público. Esa fue otra victoria a cuenta de la movilización.
Pocos meses después, a golpe de descubrir un enorme agujero fiscal, de la propuesta de un nuevo paquete tributario, y del creciente conocimiento público de abuso en el uso de recursos públicos y de su aprovechamiento para beneficio individual y de grupos de varios exfuncionarios, se sembró la semilla de un movimiento que empezó a reclamar el castigo de la corrupción. Más recientemente, ese movimiento fue fortaleciéndose al calor del conocimiento en los tribunales de los casos del exministro Díaz Rúa y del senador Félix Bautista, y del caso del esquema de extorsión en la OISOE, y que impulsó una novedosa forma de protesta: las cadenas humanas.
La génesis de la Marcha Verde, que ha adquirido dimensiones que eran impensables hace unos meses, fue esa, pero su evaluación no puede desvincularse de las otras movilizaciones porque en todos los casos está revelando que hay una ciudadanía que está ávida de bienes públicos y de justicia, que está exigiendo mucho más del Estado por el dinero que paga en impuestos, y que no está dispuesta a seguir tolerando que se lo roben y que lo usen para provecho individual o de grupos.
Aunque los reclamos más sonoros se han concentrado en la educación, el medioambiente, y la corrupción y la impunidad, no es difícil vislumbrar que otros temas, como el de la salud y la seguridad social, serán eventualmente incorporados a la agenda de reclamo público.
Un nuevo escenario político
Está creciendo la conciencia pública de que el bienestar general depende mucho de la cantidad y calidad de los bienes públicos como seguridad y justicia, protección del medioambiente, salud y educación, y de que la provisión de éstos no viene sola sino que se conquista organizándose, presionando, movilizándose y haciendo crecer el costo político de quienes, teniendo poder, se conviertan en un obstáculo para lograrlo. Esa parte de la ciudadanía, principalmente de clase media, pero cada vez más con más apoyo de sectores populares, se ha venido expresando de forma cada vez más contundente y está plantándole cara a los partidos políticos.
Esto parece apuntar a que se está gestando un nuevo escenario en el que, como mínimo, los partidos políticos ya no estarán a sus anchas sino sujetos a mucha mayor presión del público. Los partidos que no logren entender esto, y no consigan adaptarse y empezar a dialogar y a hacer suya la agenda de construir un Estado que responda a esa demanda de bienes públicos, podrían terminar perdiendo. Si esa actitud se hace general entre los partidos, o si los partidos a cargo de la gestión pública no se abren, no ceden espacio al público y/o utilizan las formalidades institucionales para bloquear las demandas, las tensiones crecerán y el escenario se tornará más conflictivo.
Más allá del Estado y los partidos
Pero no sólo se trata de los partidos y el Estado. Las movilizaciones deberán enfrentar otros intereses firmemente atrincherados en cada una de las esferas de interés público, y en algunos casos deberán moverse con mucha finura e inteligencia, adaptándose a circunstancias cambiantes.
En educación, después de lograr incrementar el financiamiento público, la preocupación ha girado en torno a la calidad. En este ámbito, los avances son más lentos y menos imperceptibles, y las resistencias más sutiles y difíciles de identificar. El magisterio puede ser una importante fuente de resistencia, pero al mismo tiempo un aliado ineludible para fortalecer la calidad docente. En esa situación, la movilización tradicional no funciona, mientras se vuelven cruciales la vigilancia permanente sobre en qué y cómo se gasta y se invierte, así como sobre el rol del gremio magisterial.
En materia de medioambiente, además de los enormes riesgos de la minería metálica de contaminación de las aguas, está creciendo la preocupación sobre la protección de los bosques contra la explotación ilegal e indiscriminada. Hay muchas razones para dudar de la voluntad y/o la capacidad para regular efectivamente la actividad minera, y hay muchos incentivos para permitir la inversión y operación acelerada y con pocos miramientos, porque genera jugosas ganancias para las mineras y elevados ingresos fiscales. En esas dudas está la fuente de las posiciones más extremas, como la adoptada en El Salvador donde se declaró una moratoria a la explotación minera. El reto del movimiento ambiental y social en esta materia es también grande porque tiene que ser contundente en la defensa del ambiente, pero a la vez apostar por fortalecer la voluntad y la capacidad de regular, buscando aprovechar la riqueza enterrada.
Por su parte, la lucha social contra la explotación ilegal e irracional de los bosques, que es importante en ciertas zonas del país, se enfrenta a poderes locales bien afincados en los territorios, frecuentemente encabezados por militares o exmilitares, quienes contratan trabajadores migrantes y que son usados como chivos expiatorios en la opinión pública. Allí también la movilización tiene que apostar porque un Estado provea un bien público tan fundamental como la protección de los bosques y las aguas, algo que difícilmente puede hacer con efectividad sin la participación de las comunidades.
La cuestión de la corrupción y la impunidad, que atraviesa a todos los otros temas, seguirá estando en la línea del frente de las movilizaciones y del accionar público en los meses por venir. Harto conocido es que la resistencia viene de los partidos políticos, pero también, y esto es menos evidente, de sectores económicos beneficiarios del estado de cosas. Y desde el litoral de los partidos, la resistencia no es sólo del PLD, en el poder, que maniobra actualmente para mantener el control de la justicia. También se encontrará en otros partidos que, aún cuando enarbolan un discurso público a nivel nacional, ejercen poder a nivel local y se resistirán a ser auscultados.
En síntesis, el bienestar público no está comprometido por problemas técnicos ni vendrá regalado. Hay que conquistarlo a golpe de movilización. Pero no sólo una de masas o de calle sino también una inteligente, que reconozca quienes se resisten y por qué y quiénes son los potenciales aliados, que se mueva tanto en el nivel nacional como el local, que sea flexible en un entorno fluido, y que esté técnicamente bien apertrechado.
Hay razones para sentirse optimistas. La oportunidad parece servida.