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Rafael Molina Morillo. Archivo.

SANTO DOMINGO.-El expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Rafael Molina Morillo, advirtió hoy que el proyecto de modificación al Código Penal que se discute en el Congreso contiene artículos que representan una seria amenaza para la libertad de expresión en República Dominicana una vergonzoso retroceso para la democracia, por lo que exhortó a los diputados a rechazar la propuesta.

Rafael Molina Morillo. Archivo.

Molina Morillo dijo que de ser aprobada la modificación, como fue propuesta, “significarían un vergonzoso retroceso en el camino hacia la plena democracia en el país.

El director de El Día hizo su planteamiento durante la celebración de una vista pública en la que distintos sectores expresaron sus puntos de vista sobre el proyecto de ley.

A continuación el texto leído por Molina Morillo en la vista pública:

“Ante la discusión en el Congreso Nacional del proyecto para modificar el Código Penal vigente, exponemos por medio de la presente declaración nuestra honda preocupación por la presencia, en el citado proyecto, de disposiciones que, de ser aceptadas, no solamente significarían un vergonzoso retroceso en el camino hacia una plena democracia en nuestro país, sino también la negación de elementales principios jurídicos universalmente aceptados en materia de libertad de expresión.

Los artículos 191 y 193 del proyectado Código Penal en discusión establecen en determinados casos penas de prisión para los culpables de difamación o injuria, agravadas cuando la víctima de esos delitos se trate de funcionarios públicos de diversas categorías. La tendencia moderna, acogida por países de reconocido desarrollo social e institucional, es la despenalización de la difamación y la injuria, o sea que el castigo no conlleve privación de libertad o cárcel, sino solamente una indeterminada sanción pecuniaria. Esto es así, por dos razones fundamentales:

Primera: los funcionarios públicos, como servidores de la Nación, están o deben estar siempre prestos a rendir cuentas de sus acciones y a dejarse cuestionar e investigar  en cualquier momento o circunstancia.

Segunda: los ciudadanos periodistas o no, ante una amenaza de ir a la cárcel por poner en duda determinadas acciones de determinado funcionario, podría optar por detener su investigación, privando así a la sociedad, con su autocensura, de la oportunidad de conocer la verdad sobre quienes se supone son sus servidores.

Por estas razones, y adhiriéndonos a la posición jurídica adoptada por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) en todo lo relativo a la libertad de expresión, proponemos respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados lo siguiente:

1.-Elminar del artículo 191 todo lo que implique prisión como penalidad.

2.-Eliminar por completo el artículo 193.

3.-Someter a discusión el anteproyecto de ley que se elaboró para sustituir la obsoleta Ley 6132, por encargo del ex presidente Leonel Fernández, y que estuvo a cargo de una comisión de expertos designados para ese fin. (Copia anexa).

Rafael Molina Morillo

Una representación del Colegio de Periodistas acudió al Congreso con mordazas en la boca en rechazo a la penalización de los delitos de prensa, por considerar que se trata de un atentado a la libertad de prensa y a la libertad de expresión.

 

Fuente: El Día

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