Servicios/Caribbean Digital
SANTO DOMINGO./ El doctor Max Puig propuso la modificación de la legislación tributaria a fin de que las empresas puedan crear un fondo de reserva para cubrir los gastos de cesantía sin que los recursos reservados para tal fin sean considerados como parte de los beneficios de sus unidades productivas como sucede en la actualidad.
El ex-ministro de Trabajo y candidato presidencial de la Alianza por la Democracia, planteó, al mismo tiempo, que deben retomarse los estudios correspondientes para el establecimiento del Seguro Nacional de Desempleo fijado en la ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Puig, además, reiteró la propuesta de que se establezca el monotributo o tributo único para los trabajadores por cuenta propia y las micro y pequeñas empresas y que lo producido por éste se destine al pago de la Seguridad Social, como forma de lograr la integración de más de cuatro millones de trabajadores y trabajadoras a este sistema.
Adelantó que la primera de las reformas al Código de Trabajo que debe ser abordada es la relativa a la resolución de los conflictos laborales individuales.
Señaló que el sistema actual, basado en la solución judicial de estos conflictos, ha demostrado ser inoperante y afecta tanto a empleadores como a trabajadores a través de la venta de casos a precio vil y a la realización de embargos injustificados a empresas de parte de personas y grupos inescrupulosos.
El aspirante a la presidencia de la República habló en rueda de prensa en la sede de la APD, acompañado de los doctores Carlos Sánchez y Onofre Rojas, secretario general y coordinador de campaña, respectivamente, así como de Guadalupe Valdez, diputada nacional; Julio Sanz, secretario de comunicación y Manuel Robles, director de programa de gobierno.
Sostuvo que cualquier modificación al Código de Trabajo debe producirse por consenso entre los actores fundamentales del proceso productivo.
Explicó que la reforma del Código de Trabajo debe garantizar la ampliación de las libertades sindicales y el derecho a la libre negociación de las condiciones colectivas de trabajo.
Agregó que La legislación debe ser adecuada para asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la República Dominicana al ratificar los convenios internacionales del Trabajo y los sindicatos no deben ser obstaculizados de hecho.
Subrayó que las leyes y medidas destinadas a favorecer el primer empleo y el empleo de los jóvenes en sentido general no deben fundamentarse en la disminución de los derechos de los nuevos trabajadores porque esto deteriora la calidad del empleo tanto de los nuevos como de los antiguos trabajadores.
Significó que no debe haber trabajadores con derechos diferenciados y estimó que los derechos de todos los trabajadores deben ser equiparados, como en el caso de las y los trabajadores domésticos a quienes se les debe garantizar, entre otros derechos, el acceso a la Seguridad Social.
Añadió que los avances tecnológicos deben ser tomados en cuenta a la hora de acordar las reformas, a fin de que la legislación no se constituya en un obstáculo involuntario al mejoramiento de la productividad y la competitividad.
Opinó que las reformas deben ser escalonadas y progresivas. Esto significa que deben producirse por etapas, a medida que se vayan produciendo los acuerdos, y que los derechos y conquistas laborales deben ser preservados.