José Alfredo Espinal
Caribbean Digital
SANTIAGO, RD.- Como una forma de pescar en río revuelto, el Gobierno dominicano busca desacreditar a los organizadores del movimiento que lleva a cabo por distintas ciudades del país la Marcha Verde contra la corrupción y la impunidad.
En vez de enfrentar la realidad y someter a la justicia a los acusados de cometer actos de corrupción, desde el Gobierno se han dado a la tarea de justificar su ineficacia, en base a presiones políticas y acusaciones sin fundamentos contra gran parte del pueblo que exige en las calles el cese de la impunidad y el castigo a los corruptos.
Las autoridades que dirigen el país tienen la obligación y el deber moral de cumplir con la demanda del pueblo, sin importar que desde la Marcha Verde se involucren personalidades de la vida política de la oposición.
Cuando un hombre se convierte en presidente de una nación, tanto él como sus funcionarios están en la obligación constitucional desde el Gobierno de trabajar en favor de todos los ciudadanos, sean estos contrarios o no a las políticas de estado que se apliquen.
Cuando se asume un poder en el tren gubernamental el funcionario se somete a la crítica pública y social de un pueblo.
Hay muchos funcionarios que hablan de que con la Marcha Verde se busca dañar la imagen del presidente y desestabilizar el país, pero si alguien se ha encargado de eso son los funcionarios que han cometido actos de corrupción y el silencio de las autoridades para juzgarlos.
El pueblo exige respuesta ya. Porque si reclamar que se apresen a los corruptos y que no haya impunidad es atentar contra la imagen del mandatario y es una forma de promover la desestabilización del país, entonces, la mayoría del pueblo apuesta a que así se haga.