José Alfredo Espinal
Caribbean Digital
SANTIAGO, RD.- Crear conciencia en los ciudadanos, a través de los medios de comunicación e involucrar en la campaña a importantes figuras de la vida nacional, acerca de la problemática real del tránsito terrestre en la República Dominicana, es un paso de avance del Gobierno central en la búsqueda de solucionar una de la mayor causante de muertes en el país.
Educar a la gente para ir mejorando cada día la sociedad siempre será una medida aplaudida, sin importar de donde venga.
Se observa cómo en los medios de comunicación y en las redes sociales hay campañas oficiales llamando la atención a los ciudadanos para prevenir accidentes de tránsitos que, en las mayorías de los casos, provocan daños físicos a otras personas, inclusive, la muerte.
Sin embargo, por buena que sea la intención de la campaña sobre la seguridad vial y cómo prevenir los accidentes, es necesario que se castigue de manera enérgica y son privilegios a los que violen la Ley de Tránsito.
Violar la Ley de Tránsito no es sólo cruzar los semáforos en rojo y hablar por teléfono celular cuando se conduce en la vía.
Estacionar su vehículo en frente de una entrada o salida de vehículos, colocarse encima de las rayas blancas en las intercepciones de calles y avenidas, tomar carriles que no le pertenecen en un momento inadecuado, viajar sin luces y velocidad temeraria, también son violaciones a la Ley de Tránsito.
Ley privilegia y excluye
Otra debilidad que existe en la República Dominicana con la aplicación de la Ley de Tránsito Terrestre es que permite el castigo para unos y el privilegio para otros. Y la Ley no puede ser excluyente. Todo ciudadano debe de regirse por el mismo parámetro.
Por ejemplo, los choferes de vehículos públicos (carros y autobuses de concho) pueden transitar por las vías del país sin ningún tipo de problema, aunque estén violentando la Ley de Tránsito. Lo peor de todo, es que la propia Ley se lo permite.
Un chofer de carro de concho pueda viajar en su vehículo sin marbete (placa), sin revista, sin luces delanteras y traseras, con tanque de gas en mal estado, se puede estacionar, dejar o tomar pasajeros en cualquier lugar. La autoridad le permite que hagan servicio de (cambio de divisas), mientras conducen al mismo tiempo.
Otro sector que tiene privilegio con la Ley de Tránsito son los taxistas. Estos asumen el control de casi todas las esquinas de las calles y avenidas donde a su alrededor operan supermercados, hoteles, restaurantes, clínicas, plazas comerciales, entre otros.
«Los sindicalistas tienen mucho poder y son peligrosos. No podemos enfrentarlos», confesó un agente de AMET, ante la pregunta de un reportero de Caribbean Digital, acerca del por qué a los choferes de carros públicos no los perseguían tanto.
En sentido general, en el país desde el más bajo hasta el dominicano de más alto nivel económico, político y social viola constantemente la Ley de Tránsito.
El poder y las cuñas
La frecuencia como los ciudadanos mantienen el caos en las calles no se resuelve con campañas. Tendrá que haber un castigo sin privilegios ni exclusiones para que se produzca un verdadero cambio y dejemos de actuar como salvajes en medio de una sociedad que cuenta con personas con mentes civilizadas.
Permitirle a funcionarios civiles y militares o a los empresarios de poder económico que amonesten u ordenen cancelar a un agente de tránsito porque está cumpliendo con su deber, es un factor que ha corrompido el sistema de la seguridad vial y otras esferas de la nación y parezca que todo se convierta en un relajo.
Se habla, aunque de eso no se tiene ninguna confirmación al respecto, de empresas que estarían subvencionando a la autoridad competente de regular el tránsito, teniendo uno de esos propósitos que los choferes de sus empresas no sean multados cuando cometan alguna violación en las vías públicas.
Si es así, ¿qué éxito veremos en las campañas de seguridad vial?