Eléxido Paula, presidente del Partido Humanista Dominicano (PHD). Archivo

Eléxido Paula

Los niveles extravagantes y exorbitantes de impunidad y corrupción en las altas esferas del poder político y económico, en la actualidad, es una prueba más que suficiente de lo corroído y putrefacto que está el sistema de justicia de nuestro país.

La Constitución dominicana establece en el artículo 149 que “la justicia se administra gratuitamente en nombre de la República y que el poder judicial goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria”, fortaleciendo ese criterio, el artículo 151, al indicar que “las y los jueces integrantes del poder judicial son independientes, imparciales, responsables e inamovibles y están sometidos a la Constitución y las leyes”.

En los hechos, en la práctica, en el día a día, en el ejercicio y administración de justicia lo que literalmente expresan esos dos artículos parecería un sueño, una fantasía, una quimera, una utopía, pero sobre todo un engaño y una mentira a cada ciudadano y ciudadana.

No es verdad que la justicia es gratuita. Los abogados penalistas y civilistas, por ejemplo, podrán determinar todo lo contrario si parten de los procesos de sus clientes desde el inicio hasta el final con una sentencia o decisión del juez a favor o en contra de su defendido.

La justicia en nuestro país es implacable y severa contra los pobres; benigna, complaciente y generosa a favor de los sectores con poder económico y político. Son estos grupos, privilegiados de la fortuna que secuestran, manipulan y extorsionan a su albedrio a jueces y al Ministerio Público, con honradas excepciones, para doblegar y torcer su veredicto, siempre obedeciendo a sus intereses espurios.

El Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial ha dicho recientemente que de 137 países la República Dominicana ocupa el lugar 130, una de las peores puntuaciones en cuanto a independencia judicial.

Realmente no existe independencia en el Poder Judicial; el Poder Ejecutivo traza y baja líneas a jueces para encubrir, exonerar y liberar de actos de corrupción a funcionarios, que además son altos dirigentes políticos del partido que gobierna. La mano, el brazo largo y las garras del poder político han diezmado la autoridad moral e independencia, que en un verdadero Estado social y democrático de derecho le correspondería al sistema judicial.

En la encuesta “Ciudadanía y Democracia en la Cultura Política Dominicana”, realizada por el Instituto de Investigación Social para el Desarrollo (ISD) y la Fundación Friedrich Ebert (FES), entre octubre y noviembre del 2016, establece que el 80% de los dominicanos considera que entre ricos y pobres no existe igualdad frente a la ley y el 60% dice que al momento del gobierno tomar una decisión no toma en cuenta el deseo de los ciudadanos.

Tenemos que decir con responsabilidad que en todos los escándalos de corrupción conocidos por la población en los últimos años, divulgados en su mayoría por medios de comunicación o instituciones no gubernamentales, los expedientes instrumentados por el Ministerio Público, en estos sonados casos, mientras más voluminosos y complejos, salidos de los entramados de corrupción gubernamental, más inconsistentes y menos sustentados suelen ser, para bajo el manto de la complicidad ser absueltos sus autores materiales e intelectuales.

Donde no existe una democracia sólida y fuerte, carente de la autonomía e independencia de sus poderes, en ese Estado prevalece una justicia desproporcionada, privilegiada para unos pocos y secuestrada por el poder político de turno, como lo es en nuestro país. Por eso la corrupción y la impunidad han mandado “al carajo” la moral hostosiana.

Mientras en nuestro país las leyes y la Constitución no se cumplan, la justicia no asuma su deber y el Ministerio Público esté en connivencia con el poder político y el crimen organizado, la sociedad toda irá inexorablemente al desastre y al colapso total.