En febrero del 2012, Martínez denunció tener en su poder documentos de que Cedeño de Fernández poseía una cuenta por 43 millones de euros en un banco de Dinamarca.
Tras ser recusada por los abogados de Macos Martínez por supuesta parcialidad en favor de Cedeno de Fernández y luego de una hora y 20 minutos de deliberación, la jueza decidió continuar con el proceso. La audiencia inició a las 9:20 de la mañana y concluyó a las 5:03 de la tarde.
El Ministerio Público solicitó que se imponga impedimento de salida y una garantía económica por valor de dos millones de pesos en efectivo, presentación periódica los 15 y 30 de cada mes contra Martínez. Manuel Sierra Pérez y Francisco Hernández dicen que la jueza asumió juicios de valores y por evidenciar existe aparente amistad.
Hernández dijo que el hecho punible contra su defendido terminó a los treinta días de la denuncia, porque la denuncia debió ser por difamación e injuria. Cuestiona tribunal fuera escogido con pinzas durante el sorteo y se maneje sin equilibrio.
En un momento, Sierra Pérez mostró fotografía en la que se ve a la magistrada Clara Vargas saludando previo a la pasada audiencia a Cedeño de Fernández. Tras la decisión, la defensa advirtió la recurrirá y que podría llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derchos Humanos.
El proceso se vio incidentado en principio por el Ministerio Público que rechazaba la presencia de la prensa como solicitaron los abogados de Marcos Martínez.
El Ministerio Público estuvo representado por las magistrados Patricio Rodríguez y Aura Luz García, mientras que por la parte querellante esta vez asistió Gregorio García Villavizar.
El segundo incidente se produjo cuando se pedía que explicaran la ausencia de la vicepresidenta a la audiencia, lo que fue rechazado por la jueza. En los argumentos de los representantes de Martínez dice que la firma de Cedeño de Fernández en su cédula de identidad y electoral no era la misma que aparecía en el apoderamiento que hacía a los que la representaban.
La querella contra el abogado y comunicador fue admitida el 6 de marzo, pero otra recusación a la misma jueza y los incidentes habían impedido conocer la medida de coerción.