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Hipólito Mejía, expresidente dominicano. Archivo.

Caribbean Digital

MÉXICO, D.F.- El ex presidente dela República, Hipólito Mejía, afirmó aquí que los espacios de diálogo y consenso son necesarios para lograr que actores con diferentes cuotas de poder, como son los gobiernos, los partidos, el sector privado yla Sociedad Civilinteractúen y asuman compromisos alrededor de metas colectivas.

En México Hipólito Mejía

Hipólito Mejía reivindica el diálogo y el consenso para la gobernabilidad democrática.

Manifestó que la gobernabilidad y la democracia constituyen dos fuerzas en tensión, que se influyen mutuamente para garantizar la participación y los derechos de los ciudadanos y asegurar la estabilidad política en el ejercicio del poder.

“La gobernabilidad no se limita a los derechos políticos, cuya principal expresión es el derecho al voto, sino también al conjunto de derechos económicos, sociales, humanos y otros, siendo los gobiernos responsables de garantizar a sus gobernados el ejercicio de dichos derechos”. Dijo

Aseguró que la gobernabilidad tiene dos fuentes principales de legitimidad: la credibilidad de los procesos electorales y la satisfacción de las expectativas de bienestar económico y social de los ciudadanos.

Leonel Fernández

Hipólito Mejía acusa a Leonel Fernández de desvirtuar la democracia en el país.

Por lo tanto, continuó, en las democracias los conflictos se originan, en primer lugar, cuando se pretende sacrificar los derechos y las libertades básicas de los ciudadanos, en nombre de la preservación del gobierno o de intereses particulares de las cúpulas gobernantes.

Aseguró que por su experiencia puede decir que, se crean conflictos cuando los gobiernos resultan incapaces de satisfacer las demandas y necesidades económicas y sociales de los pueblos de lo que se deriva que, para lograr una genuina gobernabilidad democrática es imprescindible, la participación ciudadana a través de las diversas organizaciones dela Sociedad Civil, en la definición de prioridades, alcances y ejecución de las políticas públicas.

Dijo que la existencia de espacios institucionales participativos contribuye significativamente al éxito de la gobernanza, por lo que debe insistirse que la gobernabilidad democrática requiere de instituciones que garanticen la participación, y que promuevan el diálogo y el consenso entre los diferentes actores políticos y sociales.

Expresó que la región ha tenido avances significativos en los aspectos formales de la democracia, pero han sido insuficientes en lo que corresponde a la solución de las necesidades básicas y la creación de mejores oportunidades de progreso.

Resaltó que los distintos intereses, en una democracia, se traducen en la diversidad de retos para la gobernabilidad democrática y que la cohesión social se logra cuando los espacios de diálogo y consenso son aprovechados por los gobiernos, para junto ala Sociedad Civilcanalizar esos intereses hacia una agenda común en beneficio de la mayoría.

Acusa a Leonel de distorsionar los valores democráticos en el país.

El Presidente Hipólito Mejía denunció hoy en México que el gobierno de Leonel Fernández usó y abusó de más de 4 mil 675 millones de dólares de los recursos del gobierno como parte de un plan para que su partido permaneciera en el poder, distorsionando a si los valores fundamentales dela Democracia.

Al pronunciar una conferencia magistral ante el III Foro dela Democracia Latinoamericana, auspiciado porla Organizaciónde Estados Americanos, el Instituto Federal Electoral y el Colegio de México, el ex mandatario dijo que esos recursos fueron usados para la compra de votos, espacio en los medios e inducir la abstención a través de diversos medios.

Mejía inició su conferencia a las 10 de la mañana, hora dominicana.

Además denunció las anomalías cometidas porla Junta CentralElectoral y el Tribunal Superior Electoral, integrados mayoritariamente por miembros o vinculados al partido del gobierno.

La conferencia fue dictada ante una concurrencia que integraban e presidentes de América Latina, el Secretario General dela OEAy

Además de Hipólito Mejía, de República Dominicana, destacadas personalidades de la política, la academia y el periodismo participan en el simposio, entre ellos los ex presidentes José Manuel Zelaya de Honduras; y Carlos Mesa de Bolivia; el Secretario General dela OEA, José Miguel Insulza; el Secretario General de IDEA Internacional, Vidar Helgesen; el Consejero Presidente del IFE, Leonardo Valdés; el presidente del Colegio de México, Javier Garciadiego; y el presidente dela Mesa Directivadel Senado mexicano, Ernesto Cordero.

También participan el Canciller de Paraguay, Jorge Lara; el ex canciller argentino Dante Caputo; el candidato presidencial de Egipto Hamdeen Sabahi;la Secretaria Ejecutivadela CEPAL, Alicia Bárcena y el Secretario de Asuntos Políticos dela OEA, Kevin Casas-Zamora, entre otros.

Durante tres días, los asistentes abordarán los ejes temáticos de política, representación y gobernabilidad. El Secretario General dela OEAhablará en la sesión inaugural del Foro, junto al Presidente del Colegio de México, el Secretario General de IDEA Internacional y el presidente dela Mesa Directivadel senado mexicano. Además, en la primera jornada se presentó el Informe dela Comisión GlobalsobreDemocracia, Seguridad y Elecciones; habrá un Diálogo sobre ética y política; y se realizarán sendas sesiones con los títulos “Legalidad y legitimidad. Reflexiones desde el poder” y “El acceso al poder: ¿las elecciones deciden?”.

TEXTO INTEGRO DE LA PONENCIA DE HIPOLITO MEJIA EN MEXICO

Distinguidos miembros de la mesa de honor

Señoras y señores:

Deseo agradecer a los organizadores de este Tercer Foro de la Democracia Latinoamericana, su amable invitación a compartir mis reflexiones sobre la gobernabilidad democrática, con los distinguidos participantes a este evento.

Las ideas que presentaré sobre el tema están basadas en mis vivencias como Jefe de Estado y como dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, un partido que durante setenta años ha sido clave en la construcción y fortalecimiento de la democracia dominicana.

Al referirnos al concepto de gobernabilidad democrática estamos asumiendo que puede existir otro tipo de gobernabilidad, no sustentada en los principios y valores de la democracia.

Tal y como han planteado los estudiosos del tema, la gobernabilidad y la democracia constituyen dos fuerzas en tensión, que se influyen mutuamente para garantizar la participación y los derechos de los ciudadanos y asegurar la estabilidad política en el ejercicio del poder.

La gobernabilidad no se limita a los derechos políticos, cuya principal expresión es el derecho al voto, sino también al conjunto de derechos económicos, sociales, humanos y otros, siendo los gobiernos responsables de garantizar a sus gobernados el ejercicio de dichos derechos.

La gobernabilidad tiene dos fuentes principales de legitimidad: la credibilidad de los procesos electorales y la satisfacción de las expectativas de bienestar económico y social de los ciudadanos.

Por lo tanto, en las democracias los conflictos se originan, en primer lugar, cuando se pretende sacrificar los derechos y las libertades básicas de los ciudadanos, en nombre de la preservación del gobierno o de intereses particulares de las cúpulas gobernantes.

En segundo lugar, se crean conflictos cuando los gobiernos resultan incapaces de satisfacer las demandas y necesidades económicas y sociales de los pueblos.

De lo anterior se deriva que, para lograr una genuina gobernabilidad democrática es imprescindible, la participación ciudadana a través de las diversas organizaciones de la Sociedad Civil, en la definición de prioridades, alcances y ejecución de las políticas públicas.

La existencia de espacios institucionales participativos contribuye significativamente al éxito de la gobernanza.

Debe insistirse que la gobernabilidad democrática requiere de instituciones que garanticen la participación, y que promuevan el diálogo y el consenso entre los diferentes actores políticos y sociales.

Los espacios de diálogo y consenso son necesarios para lograr que actores con diferentes cuotas de poder, como son los gobiernos, los partidos, el sector privado y la Sociedad Civilinteractúen y asuman compromisos alrededor de metas colectivas.

La región ha tenido avances significativos en los aspectos formales de la democracia, pero han sido insuficientes en lo que corresponde a la solución de las necesidades básicas y la creación de mejores oportunidades de progreso.

Los distintos intereses, en una democracia, se traducen en la diversidad de retos para la gobernabilidad democrática.

La cohesión social se logra cuando los espacios de diálogo y consenso son aprovechados por los gobiernos, para junto a la Sociedad Civil canalizar esos intereses hacia una agenda común en beneficio de la mayoría.

Por tanto, superar la precaria cohesión social que prevalece en la región es uno de los principales retos para la gobernabilidad democrática, tal como se ha puesto en evidencia en una buena parte de los países de América Latina y el Caribe.

Ese reto requiere que los gobiernos, junto a la sociedad civil, trabajen para superar la exclusión que sufren amplios sectores de la población.

Esa exclusión no es sólo de naturaleza económica. Aunque, la negación de los derechos económicos, especialmente el derecho a un empleo decente y la pobreza que se deriva como consecuencia, es, sin duda, una de las causas principales del déficit de gobernabilidad democrática en nuestros países.

Ahora bien, es imperativo reconocer que los ciudadanos son mucho más que agentes económicos y que sus aspiraciones incluyen, el disfrute de mejor calidad de vida y un mayor acceso a los beneficios y oportunidades del mundo moderno.

Es precisamente la incapacidad de los gobiernos de solucionar las demandas de los ciudadanos, lo que crea los déficits y las crisis de gobernabilidad en nuestro hemisferio.

Nuestra región se caracteriza por tener altos niveles de desigualdad, una elevada tasa de desempleo, especialmente entre los jóvenes y las mujeres, una mala calidad del gasto y de la inversión pública e insuficiente inversión en infraestructura productiva.

La región, también muestra deficientes sistemas educativos, pobre calidad de los servicios básicos, pocas oportunidades para sectores vulnerables tales como los jóvenes, las mujeres, los campesinos, los envejecientes, los discapacitados y otros.

Uno de los principales retos que enfrentamos es el grave problema del hambre, cuya incidencia contribuye a profundizar la pobreza y crear daños irreversibles en la niñez.

El insuficiente apoyo a la agricultura afecta el ingreso de la familia rural y el costo de los alimentos, lo que incide en la seguridad alimentaria y promueve las migraciones que engrosan los cordones de miserias de las principales ciudades del hemisferio, agravando la exclusión social y erosionando la gobernabilidad democrática.

Otro de los grandes retos que enfrentamos está asociado a la degradación acelerada de nuestros recursos naturales y el medio ambiente que amenaza con producir daños irreversibles a la diversidad ecológica, la disponibilidad de agua y la capacidad productiva de la región.

Necesitamos políticas públicas dirigidas a contrarrestar el impacto que tienen el cambio climático y los desastres naturales sobre la economía y las condiciones de vida de la gente más pobre de nuestros pueblos y su repercusión sobre la gobernabilidad.

La descentralización del poder es otro importante aspecto de la gobernabilidad que deseo enfatizar.

La transferencia de capacidades y mayores funciones a los gobiernos locales, ayuntamientos y municipalidades, es uno de los principales instrumento para fortalecer la democracia y acercar el gobierno a los ciudadanos.

Permítanme referirme ahora a otros retos importantes como son aquellos de naturaleza política.

Algunos sostienen que la democracia ha alcanzado un alto grado de madurez en América Latina.

Lo cierto, sin embargo, es que el ejercicio de la democracia en la región, aun debe superar un conjunto de dificultades que ponen en riesgo su existencia.

Una de ellas es la falta de credibilidad de los procesos electorales. Sin procesos electorales confiables y transparentes, en donde se exprese y se respete la voluntad popular, es imposible tener gobiernos legítimos que garanticen la gobernabilidad democrática.

Para muchos ciudadanos el ejercicio del derecho a votar en las elecciones, es el único recurso disponible para ejercer la ciudadanía. Cuando se distorsiona ese derecho, se crea un caldo de cultivo para la crisis de gobernabilidad.

Lograr la credibilidad en los procesos electorales requiere revestirlos de absoluta transparencia.

Para eso es imprescindible superar las deficiencias en: organización de las elecciones, observación electoral, acceso a los medios de comunicación, uso de los recursos públicos, imparcialidad en el arbitraje y los recursos para financiar la campaña, entre otros aspectos.

Un tema que reviste particular importancia, se refiere a la creciente capacidad del narcotráfico para incidir en los procesos electorales, a través de permear los partidos políticos, e influir en la elección de candidatos, desde el ámbito local hasta la Presidencia de la República.

Otro de los grandes retos que enfrenta la gobernabilidad en el hemisferio, es la impunidad que ampara la corrupción que socava la administración pública.

Esto es así porque la corrupción distrae los recursos de los gobiernos para atender las necesidades de la población y pervierte el espíritu de servicio de las instituciones.

No podemos dejar de mencionar la creciente inseguridad ciudadana, como una de las más importantes amenazas a la gobernabilidad de la región.

Un país acosado por el miedo carece de una genuina gobernabilidad.

Tal y como hemos expresado la organización de los procesos electorales transparentes es una condición necesaria para la elección de gobiernos legítimos.

Sin embargo, es frecuente en algunos de nuestros países, que los órganos electorales sean distorsionados por la parcialidad de sus directivos, por la injerencia de estamentos de poder y por la falta de integridad de sus componentes, entre otros aspectos.

 

La garantía del ejercicio de un sufragio universal, libre e igualitario, sin coerciones, tiene que comenzar por una selección consensuada de los responsables de gestionar los procesos electorales.

Es una responsabilidad ineludible de las autoridades que integran nuestros respectivos sistemas electorales, impedir el uso y abuso de mecanismos del poder político, represivos, administrativos y materiales, especialmente el uso de fondos del erario, de manera directa o indirecta, a favor de determinados candidatos.

En este sentido, la garantía de los derechos ciudadanos y las libertades universalmente consagradas deberían ser el norte que inspire la gestión de los sistemas electorales, en un marco de transparencia, equidad y plenitud del estado de derecho.

De igual manera, el gasto desmesurado de las campañas electorales, actúa como un mecanismo distorsionante del proceso, y desvirtúa la naturaleza propositiva de las candidaturas, creando sistemas que triunfan en la medida de su capacidad recaudatoria.

Esta realidad hace imperativa la regulación del gasto de las campañas electorales como garantía de una participación justa y equitativa de sus actores.

De ahí mi manifiesta preocupación ante las violaciones a la Constitución, las leyes y los acuerdos internacionales, aprobados por el Congreso de cada nación y la interrogante que surge, ¡de para qué sirven todas estas legislaciones si a la hora de ponerlas a prueba se violan impunemente!.

Tomemos como ejemplo de esta afirmación la Carta Democrática Interamericana de la OEA, en cuyos artículos 23, 24 y 25 establece la forma idónea en que los Estados se comprometen a organizar procesos electorales libres, transparentes y justos, incluyendo la observación electoral.

Sin embargo, la experiencia enseña que, en ocasiones, los observadores llegan cuando el gobierno y los órganos electorales ya tienen montado el andamiaje que permite realizar maniobras violatorias de la legislación electoral y las normas democráticas.

Estoy convencido, de que la observación puede contribuir a la transparencia de los procesos electorales en la región, siempre y cuando adopte un mayor grado de independencia con respecto a los órganos electorales de los países y se enfoque en la defensa del interés de los ciudadanos.

Para ilustrar la relación que existe entre procesos electorales viciados y la gobernabilidad democrática, solicito su anuencia para compartir la experiencia de lo acontecido en las pasadas elecciones dominicanas.

Sin lugar a dudas, la democracia dominicana ha dado importantes pasos de avance en los últimos años, al punto de ser considerada por muchos como una democracia fuerte.

Esa percepción, fue la causa de que algunos organismos de observación electoral consideraran innecesario involucrarse en las elecciones dominicanas del pasado 20 de mayo.

A pesar de esa imagen de democracia fuerte, en nuestro país ocurrieron los siguientes hechos:

En primer lugar tenemos las anomalías cometidas por los dos órganos electorales: la Junta CentralElectoral y el Tribunal Superior Electoral, los cuales fueron integrados mayoritariamente por miembros o vinculados al partido del gobierno.

Ambos organismos mostraron públicamente su parcialidad a favor de los candidatos del partido de gobierno, al actuar de espalda a la transparencia y a la equidad.

Otro hecho alarmante fue el uso y abuso de los recursos del poder, por el pasado gobierno, el cual, en su afán de imponer al candidato de su Partido incurrió en el uso abusivo de fondos multimillonarios no contemplados en la Ley de Presupuesto Nacional.

Esas acciones han generando un déficit de más de 4 mil 675 millones de dólares equivalente al ocho por ciento del Producto Interno Bruto, algo sin precedente en la historia de nuestro país.

Estos recursos fueron usados entre otras acciones para la compra de espacios de radio, televisión y prensa escrita, compra de votos, cedulas y para inducir la abstención a través de diversos medios.

Preocupa de manera particular que en dichas elecciones hubo una abierta expresión clientelista mediante la manipulación de los beneficiarios más pobres de los programas sociales. Muchos de ellos fueron amenazados de perder su ayuda de no apoyar al candidato del gobierno.

Otro abuso de poder fue el uso de la fuerza armada y la policía contra la oposición.

Para mayor ilustración de lo que acabo de afirmar, estoy entregando por secretaría copias de un informe referente al proceso electoral dominicano.

Los hechos señalados ponen en evidencia la debilidad de las instituciones democráticas y el déficit de gobernabilidad que existe en la República Dominicana.

En ese momento, la sensatez de las fuerzas políticas, los movimientos sociales y el liderazgo opositor fue lo que impidió que ese déficit se convirtiera en una crisis de gobernabilidad.

Consciente como estoy, de que lo acontecido en nuestro país debe servir de experiencia, para que estos hechos no se repitan en ninguna otra nación del hemisferio ni en la República Dominicana, me permito hacer las siguientes propuestas:

En primer lugar: hacer los correctivos para revestir los sistemas electorales de la mayor credibilidad y transparencia a fin de que sean la expresión de los intereses ciudadanos y no del partido que controla la instancia donde se designan los órganos electorales.

En segundo lugar: que la OEA, los partidos, la sociedad civil y las diferentes instancias organizadas de los pueblos del hemisferio, nos avoquemos de manera urgente a mejorar los mecanismos de observación a fin de que su trabajo se realice durante todo el proceso.

La observación debe cubrir desde la organización, la campaña, el escrutinio y la emisión de resultados de la jornada electoral, facultando al observador con los mecanismos de monitoreo y de intervención oportuna para la corrección de aspectos críticos del proceso.

En tercer lugar se hace necesario que la observación electoral sea sustentada en un protocolo que provea armonía, independencia, presencia y homogeneidad a los procedimientos de observación.

Por último, propongo que en nuestros países se aprueben y mejoren legislaciones electorales que regulen los gastos y aportes económicos en las campañas políticas, las acciones de los funcionarios del gobierno y un sistema de consecuencias por delitos y faltas electorales.

Señoras y señores, está en nuestras manos la ineludible tarea de fortalecer el sistema democrático y garantizar a los ciudadanos el ejercicio pleno de sus derechos y la conquista de su bienestar, para que la gobernabilidad democrática sea una realidad en nuestra región.

Como ciudadano de América invito a trabajar juntos para que los principios democráticos que nos unen nos permitan alcanzar la justicia social, la libertad y la democracia plena, que es aspiración de nuestros pueblos.

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