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JUANA MENDEZ.-Haití reconoció el derecho de República Dominicana de decidir sobre sus políticas migratorias y de nacionalidad, durante la primera reunión de las comisiones de ambos países en esta comunidad fronteriza haitana.
No obstante, el vecino país solicitó garantía de que se adopten medidas concretas para salvaguardar los derechos de los ciudadanos haitianos en República Dominicana y sus descendientes.
En ese sentido, la parte dominicana ratificó estas garantías y precisó que el gobierno dominicano avanzará en la legislación nacional para dar respuestas a todos los casos no contemplados en el Plan de Regularización de Extranjeros que lleva a cabo, luego de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que establece los criterios de nacionalidad.
En el primer diálogo entre ambos países, que se extendió por más de siete horas, los representantes de los dos países acordaron realizar reuniones bilaterales el primer lunes de cada mes, la primera a efectuarse el próximo 3 de febrero, en República Dominicana.
Los funcionarios haitianos y dominicanos, encabezados por el primer ministro de Haití, Laurent Lamothe, y el ministro de la Presidencia dominicana, Gustavo Montalvo, coincidieron en tratar en la próxima reunión la regulación de los trabajadores temporeros.
La parte dominicana informó que agotó recientemente la entrega de carnets con los cuales regulariza la situación de nacionales haitianos residentes en el país. Haití se comprometió a tramitar los pasaportes a dichos trabajadores.
Por el interés común de lograr relaciones efectivas manifestaron y de regularizar los mercados binacionales que desarrollan en varios puntos fronterizos. Para ello, las aduanas de ambos países se reunirán próximamente.
También manifestaron su interés en la reciprocidad comercial para permitir el ingreso sin demora de los productos de ambos países. Las autoridades agropecuarias intercambiarán información para hacer posible esta parte.
En materia de seguridad las instituciones de ambos países acordarán un protocolo que permita de manera conjunta que permita combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia internacional.