SANTO DOMINGO. Representantes de los ministerios públicos de once países que se reunieron la semana pasada en Brasil para tratar el caso Lava Jato y sus ramificaciones están optimistas con los resultados futuros que pueda acarrear la colaboración multilateral acordada en la denominada Declaración de Brasilia sobre la Cooperación Jurídica Internacional contra la Corrupción.
El procurador dominicano Jean Rodríguez es uno de ellos. El pasado lunes, a través de una nota de prensa, destacó el logro del privilegio de prontitud tras las negociaciones en Brasil para la entrega de documentos referentes al caso Odebrecht -una de las ramificaciones de Lava Jato-, cuando los demás países deben esperar a junio, como lo establece el acuerdo entre la empresa y el Ministerio Público de Brasil.
“En el caso de República Dominicana, como tenemos un acuerdo firmado con Odebrecht, desde que el juez emita su decisión sobre homologación, que ya está pautada para la semana que viene, tienen que entregarnos toda la información antes de que pasen 60 días”, explicó.
Ayer, el periódico La Prensa publicó que, durante una rueda de prensa para rendir un informe de la reunión en Brasil, la Procuraduría de Panamá informó que en ese país se tienen abiertas seis investigaciones por los sobornos que pagó Odebrecht por US$59 millones entre 2010-2014, según un documento judicial de los Estados Unidos.
La procuradora Kenia Porcell indicó que hasta el momento 17 personas están siendo investigadas y valoró el compromiso del acuerdo en Brasilia para reforzar la colaboración internacional.
La multinacional Odebrecht admitió a finales del año pasado el pago de sobornos para asegurar contratos públicos en Brasil, Venezuela, República Dominicana, Panamá, Angola, Argentina, Ecuador, Perú, Guatemala, Colombia, México y Mozambique.
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Las investigaciones marchan a distintos ritmos en las citadas naciones. En algunos, como la República Dominicana, no se han producido sometimientos judiciales, mientras que en otros, como Perú, se han solicitado pedidos de prisión, como es el caso del expresidente Alejandro Toledo.
Pablo Sánchez Velarde, fiscal de Perú, expresó el 18 de febrero que en la reunión en Brasil se permitió conversar sobre las dificultades en las investigaciones que afrontan los ministerios públicos y la necesidad de actuar con plena autonomía técnica y funcional.
“Perú es el segundo país que ha hecho las investigaciones inmediatas y ha logrado también resultados inmediatos”.
“Ya estamos trabajando de manera conjunta con Brasil, igual con la entrega de la información. Perú es el segundo país que ha hecho las investigaciones inmediatas y ha logrado también resultados inmediatos”, manifestó un día antes, el 17 de febrero.
El fiscal nacional de Chile, Jorge Abbot, calificó como “una muy buena noticia” la reunión bilateral que sostuvo en el encuentro del día 16 con su par brasileño, Rodrigo Janot.
El periódico chileno La Tercera informó que Abbott destacó los acuerdos de cooperación que suscribió con Brasil y otros nueve países para coordinar estrategias de colaboración internacional en el marco de la investigación del caso Lava Jato, que en Chile tiene como arista el caso OAS.
“Él (Janot) se ha comprometido a la más amplia colaboración en las investigaciones que actualmente tenemos vigentes en Chile, derivadas del caso Lava Jato, y nos ha señalado que vamos a poder participar con nuestras fiscales y policías en las declaraciones que presten aquellos testigos o imputados que nosotros estamos pidiendo que declaren respecto de hechos que estamos actualmente investigando en Chile”, dijo Abbott.
Galo Chiriboga, fiscal general de Ecuador, publicó varios tuits el 19 de febrero. En uno de ellos comentó que “en la cita en Brasil, los representantes de 11 países reafirmamos nuestra lucha contra la corrupción y el crimen organizado transnacional”.
El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, aseguró que las reuniones multilaterales con fiscales de seis países “permitieron avanzar en el diseño de canales de cooperación para conocer, muy pronto, la verdad sobre los sobornos que alcanzaron a funcionarios públicos en Colombia”, conforme publicó Caracol Radio el 17 de febrero.