Fiscales paralizan labores

Caribbean Digital

Santo Domingo.-Fiscales del movimiento Dignidad para el Ministerio Público paralizaron sus labores este martes en los principales tribunales del país, en reclamo de un aumento presupuestario que les permita realizar un trabajo digno y “menos abusivo e inhumano”.

Fiscalía de Santiago. Archivo. Caribbean Digital
Fiscalía de Santiago. Archivo. Caribbean Digital

El paro convocado por dos horas paralizó las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Santiago, Barahona, Higüey, La Romana, Nagua, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Constanza, Hato Mayor, Puerto Plata y la provincia Santo Domingo.

“Tuvo como  objetivo  que el Presidente de la República ordene el otorgamiento de un mayor presupuesto al Ministerio Público, para que sea  destinado a dignificar el salario de personal jurídico, administrativo y de seguridad del MP”, expresó la fiscal Alba Corona.

Más de un centenar reunidos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Distrito Nacional, apelan “a que nuestro Presidente Danilo medina, entienda que no podemos hablar de seguridad ciudadana si no  fortalecemos las instituciones que tienen que ver con el combate del crimen”.

Tampoco se debe seguir permitiendo, agrega la fiscal Corona, que los criminales estén más preparados que las instituciones, no  es justo que un policía de investigación tenga que hacer  labores de investigación de un crimen en un motorcito de su propiedad; que un fiscal deba  hacer una foto con su celular porque la Fiscalía no disponga de recursos para pagarle a un fotógrafo”.

Continuó destacando la representante del Ministerio Público que un fiscal no puede presentarse a hacer un allanamiento sin un chaleco y salir de un tribunal donde dicta  una condena de 30  años, a pie a coger un motoconcho o un carrito público, eso no es justo.

Alba Corona aclara solo piden al Gobierno lo que les corresponde  por ley  “no estamos pidiendo más ni menos solo lo que nos merecemos para seguir dando respuestas efectivas a la ciudadanía cuando se les presenta algún tipo de conflicto”.

Pedro Amador, Procurador Adjunto, informó que un fiscal, sin descuento gana RD$51 mil pesos, pero cuando se les hace el descuento queda en 45 mil de los cuales hay que pagar casa, colegio, gasolina, la ropa que debe ser cumplir requerimiento debido al trabajo; y también  costearse sus estudios.

ADOCCO advierte traslado ilegal de jueces provocará conflicto

SANTO DOMINGO.-  La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, advirtió  que los reiterados e ilegales traslados de jueces que viene produciendo el Consejo del Poder Judicial provocara el anunciado y temido choque de trenes entre el poder judicial y el tribunal constitucional, de los que se oponían al establecimiento de un tribunal que salvaguardara la constitución de la república y que abogaban porque sea una sala más de la suprema corte de justicia que tuviera esas atribuciones.

A juicio de la organización de la sociedad civil, los traslados que semanas pasadas hizo el consejo del poder judicial de las juezas de la jurisdicción penal del Distrito Nacional, violando la constitución y las leyes porque no contaron con la anuencia de estas, ahora le ha tocado, nada más que a los magistrados jueces que integran la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo que tuvieron la responsabilidad y gallardía de fallar a favor de Loma Miranda y en contra del impuesto a las compras por Internet.

ADOCCO cuestionó que al juez del TSA, Rafael Ciprián, quien intelectualmente ha hecho aportes a la doctrina con varias obras que sirven de guía para la enseñanza de las nuevas generaciones jurídicas y que trayectoria profesional y luego como magistrado es reconocida y respetada, ha sido vilmente degradado de su posición y enviado a una especie de jueces sin rostros denominada Presidencia de la Sala Liquidadora del Tribunal Superior Administrativo, con el concepto factoría judicial, forzado a realizar un trabajo mecánico de de resolver de expedientes que producto de la irresponsabilidad de quienes debieron fallar optaron por sumarlo a la mora judicial que impera en dicha jurisdicción.