La Fundación Institucionalidad y Justicia -Finjus- expresó este martes su preocupación por las irregularidades que se han detectado en la nómina de algunas instituciones del Estado y planteó que resulta “inaceptable” que parte de los ingresos del Gobierno se utilicen para pagar a personas que no trabajan o son “improductivas”.
A través de un documento, Servio Tulio Castaños Guzmán, vice presidente ejecutivo de la entidad, señaló, citando a analistas y expertos, que una de las distorsiones más graves que perviven en el Estado dominicano es la persistencia del sistema de reparto por parte de los partidos políticos de turno en el tren administrativo, a través del agigantamiento de la nómina pública.
“Según cifras oficiales, en el 2017, un 30.3% del gasto público del Gobierno Central se destina al pago de nómina. Resulta por lo tanto absolutamente inaceptable que una parte de dicho porcentaje esté dedicado al pago de salarios de personas que no ejercen ninguna función, o son improductivos o cuyos puestos no pueden ser justificados en el marco de una planificación institucional coherente y ajustada”, indicó.
Castaños Guzmán hace referencia en el documento a los casos que se dieron en los ministerios de Educación y el de Relaciones Exteriores. En la primera entidad, de acuerdo a una auditoría de las autoridades, 3,900 personas cobraban salarios como docentes sin ejercer esa función, por lo que fueron bloqueados, y en la segunda (Cancillería) se dio a conocer que 50 personas fueron contratadas como asesores directos del Canciller, “sin que dichas personas tuvieran una trayectoria en el mundo diplomático o de las relaciones internacionales”.
“Se informó que en comparación con la pasada gestión, lo anterior representa en la Cancillería un aumento de más del 500% en la nómina de asesores”, acotó en el documento.
Castaños Guzmán dijo que la situación ha sido una constante en el panorama institucional dominicano a lo largo de los años, lo que ha debilitado los esfuerzos que se han encaminado para la modernización del Estado en sentido general.
“Por ello, la discusión del manejo de los fondos públicos desde las entidades estatales, dentro de la actual coyuntura histórica, reviste tanta importancia y trascendencia para nuestro futuro y creemos que si es resuelto adecuadamente podremos avanzar en la construcción de políticas públicas eficaces y esenciales para fortalecer la naturaleza de la función pública”, expresó en el citado documento, en el cual también indica que la situación presentada viola los principios constitucionales que regulan la Administración Pública, establecidos en el artículo 138 de nuestro texto constitucional, que son eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación.
Y arguyó: “Por tanto, es grave permitir que pervivan este tipo de irregularidades en nuestro Estado, contraviene a la misma Constitución y las leyes”.
En ese sentido, el vicepresidente ejecutivo de Finjus entiende que el Estado debe profundizar los avances que, en materia de función pública, se han realizado en diferentes instancias bajo la coordinación de órganos como el Ministerio de Administración Pública.