Estima corrupción se lleva más de RD$120 mil millones todos los años en RD

Servicios/Caribbean Digital

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) en rueda de prensa presentó un informe contentivo de la evaluación de la lucha contra la corrupción en la República Dominicana durante el año 2013, en ocasión de celebrarse el día 9 de Diciembre de cada año como el Día Internacional contra la Corrupción, por mandato de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Para la entidad la corrupción se ha convertido un fenómeno nefasto, endémico en naciones pobres, que pervierte el imperio de la ley, daña las instituciones democráticas, afectando sensiblemente los procesos electorales con el clientelismo y otras prácticas reprochables, retrasa además el desarrollo del crecimiento económico, y ahuyenta la inversión extranjera, incrementa innecesariamente la burocracia con la única razón de obtener sobornos y, en general, socava las posibilidades de desarrollo de los países, al sustraer la riqueza nacional a favor de particulares.

Para Trajano Potentini Presidente de Justicia y Transparencia la corrupción política y administrativa es un abuso de poder y engaño para los electores que confiaron y delegaron en los políticos la administración de los bienes públicos, creyendo en sus promesas de campaña, donde se venden como hombres honestos y honorables.

El fenómeno social, político y económico en que se ha convertido la corrupción contempla un amplio abanico de irregularidades y delitos, bajo diversas formas y modalidades, siendo los más utilizados: el tráfico de influencias, el soborno, el nepotismo, el clientelismo, el otorgamiento de obras grado a grado, la venta de propiedades del Estado a precios bajos y viles, la privatización de servicios públicos, y la adjudicación de campañas publicitarias a medios de comunicación relacionados.

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) ha condenado reiteradamente los escándalos y denuncias de corrupción en diversas instituciones estatales, sin que hasta el momento el gobierno dominicano haya reaccionado, investigado, establecido o perseguido las responsabilidades involucradas, e incluso tampoco han actuado con el sometimiento a la justicia para casos donde se advierte fehacientemente la comisión de actos dolosos contrarios a las leyes.

Entre los casos que son motivo de preocupación para la FJT, se encuentran: los escándalos, quiebra y descalabro económico de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), en las administraciones de los últimos años, la venta de los bienes de Baninter, la sobrevaluación de varias obras a cargo de la pasada administración de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, los contratos grado a grado del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), la querella del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) en contra de las empresas Ege Haina y Ege Itabo, por la presunta estafa de varios miles de millones de pesos, las denuncias y escándalos en varias sindicaturas, el aumento de los sueldos de algunos ministerios e instituciones públicas en violación a la constitución, las desiguales e injustificadas pensiones, las licitaciones nacionales e internacionales cuestionadas en violación a la ley 340-06 sobre compra y contrataciones de obras y servicios con el estado, la venta de bonos y la concepción de AERODOM, y el Merca Santo Domingo, entre otros tantos escándalos y denuncias de corrupción.

Potentini lamento que el Código de Pautas Éticas que el Presidente Medina hizo firmar a sus funcionarios, al asumir la Primera Magistratura en 2012, que incluye el compromiso de administrar los bienes del Estado, con honestidad, equidad, eficacia, eficiencia y transparencia, haya devenido en letra muerta, olvidado y limitado exclusivamente al plano retorico.

Principales escollos en la lucha anti-corrupción

Resalta en el país una falta de institucionalidad sostenida que se traduce en el irrespeto a las leyes y a la constitución, esto sumado a una débil y deficiente voluntad política para perseguir y combatir la corrupción y la rampante impunidad, hacen imposible éxito alguno en contra este flagelo que amenaza incluso la propia gobernabilidad del país.

Las Comisiones de Ética Pública no han rendido informe alguno conocido por el público, acerca de la efectividad de su trabajo o de los logros que han tenido durante los trece años que llevan funcionando.

La DPCA tiene una experiencia de 12 años, siendo creada a principios de siglo, pero el listado de casos resueltos o trabajados por esa institución no supera una página, convirtiéndose sin dudas, en una retranca o impedimento hasta ahora casi insuperable en la lucha contra la corrupción.

También es notorio la inercia de la Cámara de Cuentas, la cual tiene que avocarse a no ejecutar un plan de re-estructuración tal como el que se propone en la iniciativa participativa anti-corrupción (IPAC), para contar con el elemento humano indispensable para realizar las auditorías a las instituciones públicas, lo cual resulta absolutamente necesario para asegurar el mejor uso de los fondos públicos.

Cuantificación económica y estimaciones anuales de dineros malversados por la corrupción.

Lo cierto es que en el país con las escasas o casi ausentes estadísticas disponibles sobre casos traducidos a la justicias y con condenas definitivas en materia de corrupción, dificultan el obtener cifras confiables sobre la cuestión planteada, no obstante las apreciaciones que de forma particular se han hecho, incluso en una especie de consenso de la propia clase política, aunque a juicio nuestro aún muy conservadoras, es de que lo malversando en el país anda por el 20% del presupuesto general de la nación, unos 120 mil millones de pesos anuales, esto así tomando en consideración el recién aprobado presupuesto de más de 600 mil millones de pesos.

Asimismo es conveniente considerar las recientes declaraciones de la presidenta de la cámara de cuentas cuando afirmara que con lo que se lleva la corrupción todos los años en el país se hubieran podido hacer varias repúblicas dominicanas.

 

Balance General del Periodo

 

1. La República  Dominicana continua siendo presentada en el exterior como uno de los países más corruptos de América Latina y el mundo. Durante los últimos tres años, el país ha variado su posición relativa del lugar 129 al 118, ubicándose actualmente en el lugar 123 de 177 países.
2. El índice de corrupción actual ubica a la República  Dominicana en el lugar 29, siendo “0” el país más corrupto y “100” el menos corrupto. La ubicación actual se corresponde con la ubicación promedio que el país ha tenido en los últimos años.
3. A pesar de ocupar posiciones lamentables en los índices de corrupción publicados durante el año, la República  Dominicana ha realizado importantes esfuerzos en el plano estrictamente legislativo, adscribiéndose a instrumentos internacionales anti-corrupción y formulando un marco normativo amplio, acorde con las exigencias del momento actual. Lo cual contrasta con la práctica diaria de los responsables de perseguir y castigar la corrupción hasta ahora casi ausentes en sus funciones y facultades.
4. Institucionalmente la creación de las comisiones de Ética Pública y las Veedurías que últimamente se han implementado, juegan un papel importante en la creación y consolidación del marco normativo. No obstante, es necesario que esas comisiones y veedurías produzcan material con amplia difusión pública, de manera tal que pueda ser conocida la labor que realizan e impactar en una mejora de la gestión pública.

 

Recomendaciones

 

1. La Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República y la Dirección General de Persecución de la Corrupción constituyen el eje central por el que debe pasar todo esfuerzo anti-corrupción en la República Dominicana. El fortalecimiento es necesario, pero sobre todo se requiere una constante presión pública y un esfuerzo sostenido de los medios de comunicación para que las instituciones vinculadas al sector, entre las cuales las tres precedentes son las más importantes, adecúen sus estructuras y funcionen de manera eficiente, produciendo la información de control requerida para evitar o aminorar la corrupción pública.

 

2. Las recomendaciones de la IPAC deben continuar aplicándose en tanto representan esfuerzos concertados para mejorar la gestión pública, evitando la corrupción. Algunas de esas recomendaciones, como la creación de un órgano control del acceso a la información pública y la estandarización de los formatos, como también la prohibición de ofrecimiento de información desactualizada, contribuyen decididamente a mejorar la supervisión social sobre el gasto público y por ende, contribuirán a mejorar las posiciones anuales que la República  Dominicana ocupa en los índices de corrupción.