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Servicios/Caribbean Digital

Las Terrenas, Samaná, RD.-Una pareja de esposos europea  denunció que son víctimas desde hace dos años de una presunta estafa y maltrato por parte de los propietarios de una empresa de construcción que opera en este municipio costero.

Astrid Francois y su esposo Jacques Delpierre, ciudadanos de Bélgica, explicaron que hace dos años contrataron los servicios de la empresa Caribbean Control Construcción (CCC), propiedad de los europeos Yannich Lepoint y Nicolás Connan, para remodelar una casa localizada en la comunidad El Portillo, de este municipio.

Añaden los extranjeros  que el contrato se firmó por la suma de tres millones setecientos mil pesos, y afirmaron que ellos les pagaron a la referida empresa 3 millones doscientos mil pesos para los trabajos de remodelación de la vivienda.

Dijeron que, sin embargo, no recibieron los servicios que supuestamentefueron establecidos en el contrato, y que los trabajos de reacondicionamiento de la vivienda no fueron terminados por la empresa CCC por lo que la casa presenta problemas de electrificación y agrietamiento de  las estructuras.

Francois y Delpierre manifestaron que los propietarios de la empresa de construcción no se conformaron con dejar sin terminar los trabajos de remodelación de su vivienda, sino que también les intervinieron sus cuentas en pesos, dólares y euros en el Banco Popular.

Dijeron que ese embargo de las cuentas bancarias les impide realizar las acostumbradas obras caritativas que realizan, como es el apadrinamiento de unos veinte menores de escasos recursos.

“Hemos recibido amenazas de muerte después que iniciaron un proceso judicial con documentos alterados para causarnos todo tipo de daños, tanto los dueños de la constructora como las autoridades han hecho todo para hacernos la vida imposible¨, se quejó la pareja de esposos europeos.

Según Francois y Delpierre, la empresa Caribbean Control Construcción opera en Las Terrenas, Samaná, sin ningún tipo de regulación.

“Hemos recibido amenazas de muerte después que iniciaron un proceso judicial con documentos alterados para causarnos todo tipo de daños, tanto los dueños de la constructora como las autoridades han hecho todo para hacernos la vida imposible”, subrayan.

Solicitaron la intervención del Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (CODIA), institución a la cual hace diez meses, aseguraron, pagaron dos mil dólares a través de su otrora abogado Rubén García para un peritaje, cuyos resultaron hasta la fecha no han recibido.

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